El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha censurado el comportamiento de un grupo de personas "impidiendo el normal desarrollo de los trabajos" para construir la conexión transversal entre la S-20 y la Avenida de los Castros, a la altura de Camilo Alonso Vega, "una infraestructura de carácter estratégico para la ciudad de Santander".

El equipo de Gobierno denuncia en un comunicado de prensa la actitud a su juicio "antidemocrática" y "el intento de imponer, por razones políticas y económicas -dice-, la voluntad de una sola persona por encima del interés general de los cerca de 180.000 santanderinos a los que va a beneficiar la ejecución de la conexión transversal entre la Avenida de los Castros y la S-20".

El equipo de Gobierno ha realizado esta valoración tras la nueva acción de protesta convocada este martes por la plataforma #AmparoSeQueda en apoyo a la mujer de 86 años que se opone a la expropiación forzosa de su vivienda para la construcción de la nueva conexión de la S-20.

El equipo de Gobierno denuncia que este martes la maquinaria de la obra "ha aparecido con destrozos, como cristales rotos, pintadas, daños en radiadores y latiguillos manipulados".

El Ayuntamiento ha reiterado "su rechazo a este tipo de conductas, que únicamente demuestran falta de civismo y un talante antidemocrático que se circunscribe a un pequeño grupo de personas y que condenan una inmensa mayoría de los vecinos de Santander".

Asimismo, ha remarcado "los intereses políticos que mueven a muchos de quienes participan en estos actos, entre los que se encuentran representantes de partidos políticos con sus propios intereses -dice- de cara a situarse ante próximas citas electorales, por lo que pretenden convertir en un caso mediático lo que es una expropiación que ha seguido todos los cauces administrativos y legales oportunos, tal como ha ratificado el juzgado", añade.

En este sentido, el equipo de Gobierno recuerda que el juez denegó la suspensión cautelar de la expropiación y dejó patente en su auto que esta medida, que reclamaba la propietaria, "afectaría gravemente al interés general en dos aspectos: de un lado el retraso que conllevaría la ejecución de una obra pública cuando no existe defecto alguno en las distintas fases del procedimiento expropiatorio, así como en los perjuicios económicos".

El equipo de Gobierno del PP añade que por otro lado, se encuentran los intereses económicos de la propietaria de la vivienda expropiada y sus familiares, que "reclaman -dice- una indemnización superior" a la fijada por el jurado de expropiación, que asciende a 80.000 euros, y que es "a la que se tiene que atener el Ayuntamiento".

"Estamos ante el intento de una persona de imponer, frente al interés de todos, su voluntad de obtener una indemnización mayor de la establecida", ha subrayado el equipo de Gobierno, que ha insistido en que las 38 expropiaciones restantes que ha sido necesario llevar a cabo para este proyecto se han producido "con total normalidad".