Fiscalía ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) un escrito en el que solicita varias diligencias para "complementar" la investigación que gira en torno a un fraude de subvenciones comunitarias en relación con varias repoblaciones en la Costa da Morte.

Este escrito, al igual que un recurso de apelación directo presentado contra tres diligencias que le fueron denegadas, figuran firmados por el fiscal de grupo de delitos económicos Juan Antonio Frago Amada, y a ambos ha tenido acceso Europa Press.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, por su parte, ha emitido un auto con fecha de este 5 de agosto en el que atiende a la mayor parte de sus peticiones, pero le deniega algunas.

Este caso, conocido como 'Operación Forest', destapó un fraude de un conglomerado de empresas pertenecientes al matrimonio Hermida y Esmorís. Según el propio fiscal, este matrimonio llevó a cabo "un auténtico fraude de subvenciones comunitarias con la ayuda de diversos empleados de la banca local de Vimianzo, un funcionario del Ayuntamiento y diversos funcionarios que habrían venido a dar cobertura al antedicho fraude".

Pese a considerar que con lo efectuado hasta ahora "se viene a demostrar" este hecho, el fiscal pide nuevas diligencias "que pueden complementar la investigación y en otros casos que son obligatorias".

DECLARACIONES

Así, en primer lugar, en el apartado de declaraciones, demanda la de dos personas físicas y tres jurídicas (Banco Santander, Banco Popular y Caixabanc), además de reclamar la imputación formal de las empresas del grupo Maceiras y Esmorís.

Sobre la Xunta, "habiendo funcionarios imputados", considera que "no puede ser a su vez actora civil y responsable civil", por lo que pide que "debe pasar a ser, exclusivamente, responsable civil".

TESTIFICAL

El fiscal también pide, en el ámbito de la testifical, ofrecimiento de acciones a la Unión Europea —toda vez que los fondos Feader son comunitarios— y al Estado —a través del delegado especial de la Agencia Tributaria—, pero reconoce que "respecto a los particulares es más complicado y no hay una solución legal absolutamente clara".

Además, solicita que se comisione al Seprona para que haga un informe sobre si se han hecho las plantaciones y mantenimiento de los 60 expedientes bajo mayor sospecha de la UDEF.

Pericial y documental

Ya en relación con la pericial, interesa prueba sobre la falsificación de las firmas de al menos cinco personas de las que han denunciado estos hechos y, acerca de la documental, informe completo de activos para embargar al matrimonio.

También reclama que se unan los antecedentes penales de los imputados, que se libre mandamiento a los funcionarios de la UDEF para que puedan retirar los expedientes originales o copias compulsadas en su presencia de las peticiones hechas por hasta 10 ciudadanos en la Xunta poniendo en cuenta los hechos, que se entreguen a la UDEF cualesquiera otras peticiones que hubieran hecho particulares y un informe ampliatorio sobre otros tres extremos relacionados con las entidades bancarias y el dinero recibido por el grupo.

Para evitar actos de fe, el fiscal solicita que se unan los certificados del registro civil de los seis fallecidos solicitantes de subvenciones. Asimismo, pide que se unan las hojas histórico-registrales del registro mercantil de todas las personas jurídicas imputadas.

Responsabilidad civil y nuevos embargos

Ya por último, en su escrito, Frago Amada demanda que se abra una pieza de responsabilidad civil y que se exija fianza a los bancos Santander, Popular y Caixabanc en la cantidad conjunta y solidaria de más de 2,5 millones de euros.

Al mismo juzgado de instrucción remitió el fiscal un recurso de apelación directo contra un auto y sobre tres diligencias que fueron denegadas: la referida a la colocación a su juicio "indebida" de la Xunta como actor civil y responsable civil solidario, la en su opinión "indebida" desestimación de la petición de la remisión de unos expedientes administrativos y la "infracción del artículo 31 bis del Código Penal —asegura— al no imputarse a las personas jurídicas en esta causa".

"vías de la xunta"

Así, el fiscal dice sobre lo primero que "si la Xunta tiene algo que reclamar, tiene la vía de repetición e incluso otras vías extrapenales para exigir lo que considere".

Añade que, "por cierto", no ha usado "hasta la fecha" dichas vías, "o que así conste en la causa", y alude a las que prevé también la ley gallega de subvenciones.