El PSOE ha registrado en el Congreso medio centenar de preguntas escritas con las que reclama al Gobierno, provincia por provincia, datos sobre el número de parados sin prestaciones y hogares en los que no entran ingresos, con el objetivo de poder calcular con exactitud el número de beneficiarios potenciales del subsidio de renta mínima que ha propuesto.

La secretaria socialista de Bienestar Social, María Luisa Carcedo, explica en una nota de prensa que "se trata de cuantificar el número de personas en situación de especial necesidad", incluyendo a desempleados con hijos a su cargo y familias en situación de vulnerabilidad.

Para eso, se reclama información sobre la situación de las prestaciones sociales por desempleo, el número de parados sin prestaciones, los de quienes llevan más de un año en el paro y tienen a su cargo responsabilidades familiares, quienes no perciben prestaciones contributivas, los hogares con dos o más miembros en los que todos están en el paro, el número de parados mayores de 45 años que han agotado la Renta Activa de Inserción o están a un año de poder solicitarlo, el de víctimas de violencia machista sin empleo ni prestaciones y el de discapacitados desempleados que no cuentan con protección social.

"Queremos conocer cuántas personas hay en cada provincia en situación de extrema necesidad, así como los colectivos en riesgo de menor empleabilidad y en situaciones difíciles. Ante la alarmante situación de pobreza infantil, pretendemos saber cuántas personas serían beneficiarias del subsidio económico que hemos propuesto", insiste la diputada asturiana.

Medida de justicia social

Un subsidio que se recibiría por períodos de seis meses renovables mientras la tasa de paro supere el 15% y con carácter retroactivo desde el pasado 1 de agosto, y que ascendería al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento —actualmente 426 euros mensuales—, más cien euros adicionales por cada hijo a cargo.

La idea del PSOE, materializada en forma de iniciativa parlamentaria que se debatirá en la Comisión de Empleo del Congreso, es que puedan beneficiarse de esta ayuda tanto los parados sin ingresos con responsabilidades familiares como las víctimas de violencia machista, los discapacitados en grado igual o superior al 33% y los parados mayores de 45 años sin prestaciones.

Según las primeras estimaciones, se trataría de unos 700.000 ciudadanos, aunque el cálculo presupuestario del principal partido de la oposición ha recogido hasta un millón de beneficiarios. De este modo, el coste del subsidio sería de unos 5.100 millones de euros a financiar con los entre 5.800 y 6.000 millones de euros de ahorro en prestaciones que el Servicio Público de Empleo podría tener este año.

Al configurarse como subsidio, esta renta sería "un derecho" no asociado a ninguna obligación ni condicionado a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, más allá de llevar un año inscrito en los Servicios Públicos de Empleo, aunque sí sería incompatible con otras ayudas y prestaciones públicas.

Para Carcedo, se trata de una "medida de justicia social" que sería "perfectamente financiable por el Estado". "El Estado no puede dar la espalda a los colectivos más vulnerables de la sociedad porque, además de la denominada generación perdida —en referencia a los jóvenes— está la otra generación, la de mayores de 45 años, que no queremos que sea la olvidada", ha concluido la secretaria de Bienestar Social.