Los vecinos de la calle Prado siguen sin casa, sin dinero y sin juicio
José Antonio Salagré. Afectado. (Pablo Elías)
«La vida sigue igual». Lo dice una famosa canción y lo corrobora el abogado defensor de los intereses de 20 familias que en 2002 compraron viviendas y garajes en la calle Prado.

Entre todos adelantaron más de un millón de euros, pero la quiebra de la constructora Lacile ha provocado que hoy sigan sin casa (ya no la van a recuperar), sin el dinero anticipado y sin que el juzgado que lleva su caso haya movido ficha desde hace ahora un año.

Las malas noticias surgieron cuando la sociedad que edificaba empezó a tener problemas económicos. Los pisos estaban casi terminados pero la constructora dejó de pagar el préstamo hipotecario. El Banco Sabadell, para recuperar su dinero, ejecutó la hipoteca y el año pasado se subastó el edificio. Lo compró Pronorte, que va a terminar la edificación y a volver a vender los pisos y garajes.

Ante esta circunstancia, las 20 familias perdieron los inmuebles adquiridos y, como Lacile se declaró en quiebra y tenía más de 128 acreedores, también el dinero adelantado que en algunos casos asciende a 174.000 euros.

La única fórmula para recuperar la parte económica es que en la querella criminal presentada por los afectados contra el administrador de Lacile, su hijo y su hija, por estafa y apropiación indebida, el juez estime que el Banco Sabadell es responsable subsidiario.

Para ello, hace un año se encargó a un perito que realizase un informe que determine si existió negligencia de la entidad bancaria por no controlar hacia dónde desviaba Lacile el dinero concedido sólo para construir el edificio.

El problema es que la Justicia no entiende de prisas y  en el último año ni ha llegado el informe, ni ha sido convocada aún la vista oral por parte del saturado juzgado de instrucción número 5.

Hace un año se encerró en ‘su’ casa

José Antonio Salagré. Afectado.

«Qué adelanto con que vaya a la cárcel, quiero mi dinero»

Salió en los periódicos, radios y televisiones; intentó hablar sin éxito con los políticos; se encerró en la que iba a ser su casa, por la que ya había pagado 180.000 euros, y hasta inició una huelga de hambre, que no soportó más de dos días. Un año después está más sosegado, pero José Antonio maldice a la Justicia y no soporta recordar cómo le ha cambiado su vida. «Vine a Valladolid a trabajar, me compré una casa con los ahorros de toda mi vida y me lo han quitado todo. Llevo cuatro años esperando, de un juzgado a otro, y sin soluciones. A mí no me sirve de nada que el constructor vaya a la cárcel por lo que nos ha hecho. Yo quiero mi dinero. Aquí todos cobran, hasta el Banco Sabadell ha percibido su parte, pero ¿y nosotros?... He tenido que comprar otra casa e hipotecarme hasta arriba cuando no era necesario. Sin embargo, no pienso renunciar a lo que es mío. La casa sigue parada, como estaba, pero cuando vuelvan a hacer algo, me encerraré si es necesario».