La Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) está "esperanzada" en el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que avaló la construcción del Centro Botín en el Muelle Albareda presentado por tres de las asociaciones que la integran y admitido a trámite por el Tribunal Supremo. A pesar de ello "duda muchísimo" que se resuelva antes de que acaben las obras.

Así lo han afirmado en una rueda de prensa dos miembros de DEBA y de las asociaciones que la integran, Javier Ceruti, de Cantabria Nuestra, y Antonio Bonilla, quienes no han aclarado, sin embargo, en qué planteamientos se basará el recurso o si hay alguno novedoso que pudiera hacer que, a diferencia de los anteriores, acabara siendo estimado.

Según han señalado, los argumentos del recurso es algo de lo que se tiene que ocupar el letrado.

No volverán a pedir la paralización cautelar de las obras

Lo que sí han adelantado es que las asociaciones recurrentes (Cantabria Nuestra, ARCA y Ecologistas en Acción) no van a pedir una paralización cautelar de las obras, algo que ya desestimó el TSJC.

A preguntas de los periodistas, los portavoces de la Plataforma este martes no han querido pronunciarse sobre el resultado de las obras del Centro Botín, algo que no quieren hacer hasta verlo terminado.

Sin embargo, han opinado que a los ciudadanos les están "sorprendiendo" lo "elevado" del "porte" del edificio. "No es una golondrina posada en la Bahía", han dicho.

DEBA ha reiterado que "nunca" se ha opuesto a la construcción del Centro Botín en Santander "ni pone en duda los beneficios para la ciudad" dque traerá y ha insistido en que lo que rechaza es la "idoneidad" de la ubicación al considerar que ésta "incurre en ilegalidad, es arbitraria" y, a su juicio, "supone un evidente perjuicio para los intereses generales de la población".

Así, han defendido un "Frente Marítimo libre de obstáculos, como parte de un desarrollo urbanístico de calidad y sostenible".

En relación a este asunto, los portavoces de la Plataforma han señalado que, antes de que se planteara la construcción del Centro Botín, ya estaba previsto recuperar para la ciudad los espacios portuarios donde se ubica, algo que, según han explicado, se incluía en el Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad.

De hecho, para probarlo han mostrado una infografía sobre el desarrollo que se preveía para la zona, algo con lo que quieren demostrar que aquellos que mantienen que si no se construyese el Centro Botín se hubiese mantenido este área como zona portuaria cerrada con vallas "engañan".

Han vuelto a defender un frente marítimo de Santander que sea un espacio "abierto, público y libre de obstáculos"; en el que se recuperen los antiguos espacios portuarios para el uso y disfrute de los ciudadanos y evitar la privatización arbitraria de los mismos.

Además, insisten en su solicitud de reclamar un "proceso de participación ciudadana claro, veraz e independiente" sobre los usos de esta zona.

También han reiterado su apuesta por "defender y potenciar los valores paisajísticos, ambientales y culturales de la Bahía y su entorno".

Plazos "lentísimos"

Sobre los plazos, ambos han lamentado que los plazos que se manejan en instancias judiciales como el Supremo, que será el que deberá resolver este nuevo recurso, son "lentísimos" y han reconocido que la resolución podría demorarse "años".

En la rueda de prensa, los portavoces este martes de la Plataforma han considerado que, a raíz de su recurso, el Tribunal Supremo creara jurisprudencia sobre los aprovechamientos portuarios.

Además, con este nuevo recurso quieren "recordar" que las Administraciones deben hacer las cosas "escuchando" a la población y no tomar decisiones de forma "arbitraria" y "caprichosamente", algo que, según ha apuntado, no es algo que los integrantes de la Plataforma se hayan sacado del "baúl de las revoluciones" sino que es una "exigencia legal".

El recurso

Concretamente el recurso presentado y admitido a trámite por el Supremo es contra la sentencia de noviembre de 2013 del TSJC que desestimó el recurso contencioso-administrativo promovido por las asociaciones ARCA, Ecologistas en Acción, Cantabria Nuestra y la Asociación para la Conservación de la Arquitectura Tradicional en el Litoral de Cantabria contra la modificación nº 9 del Plan Especial del Puerto (PEP) aprobada por el Gobierno de Cantabria en abril de 2012.

Se han personado como partes recurridas el Gobierno central, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Botín, según consta en el auto de admisión a trámite.

Ello se debe a que en su recurso inicial, las asociaciones ecologistas solicitaban la nulidad de los actos derivados de la modificación del Plan Especial del Puerto, en concreto la concesión administrativa de ocupación del espacio de dominio público portuario aprobada por la Autoridad Portuaria de Santander en favor de la Fundación Botín, y la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.

Frente a la oposición del Gobierno de Cantabria a la admisión a trámite del recurso, reflejada en su escrito de personación, el Supremo entiende que debe ser admitido al haber sido "correctamente preparado", "sin que en este trámite pueda ni realizarse un examen mayor de la cuestión planteada o someterse a censura el acierto jurídico de las infracciones normativas que se anuncian en el escrito".

El análisis de fondo del recurso de DEBA se sustanciará en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del TS.

La sentencia del TSJC, que imponía a las asociaciones ecologistas el pago de las costas, señalaba que el "impacto" del Centro de Arte Botín "se busca de forma deliberada en la concreta situación en que se ubica" para intensificar la relación Puerto-Ciudad a fin de que se erija como nuevo referente del Puerto de Santander.

Añade que el Centro Botín estará "en sintonía" con otros grandes edificios del puerto como el Club Marítimo, el edificio Siboney o la Escuela de Vela, "sin llegar a transgredir las prohibiciones legales impuestas" gracias a las medidas correctoras introducidas en un modificado del proyecto. El TSJC concluye además que no se vulnera el entorno del conjunto histórico-artístico del Paseo Pereda.

El TSJC consideró que la memoria del decreto ofrece "motivación suficiente" sobre la elección de la ubicación y "despeja cualquier duda sobre el fraude de ley" que se invoca en el recurso.

Así, remitió a estudios previos que definen al muelle de Albareda como el tramo de todo el frente marítimo con "mejor accesibilidad para los ciudadanos" y "el lugar más idóneo para la ubicación de un equipamiento cultural de vanguardia que contribuya, junto a otros equipamientos como el Museo Marítimo o el Palacio de Festivales, a "potenciar el papel cultural de Santander en la fachada cantábrica".

"Deliberadamente se busca causar un impacto en la Bahía a través de un nuevo edificio que sirva de referencia respetando el patrimonio histórico artístico, paisajístico y cultural del entorno urbano en que se ubica", subrayaba la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en el fallo que ahora revisará el Supremo.