La empresa 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), gestora del mantenimiento de la base militar de Morón de la Frontera, ha mantenido este lunes su primera reunión con sus trabajadores después del anuncio de presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 55 trabajadores de las instalaciones, lo que supondría la eliminación de tres departamentos de pista, que desaparecen del pliego condiciones del nuevo contrato, como son abastecimiento de combustible, carga y descarga y parque móvil.

En este marco, el presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez, ha explicado a Europa Press que en el encuentro se ha tratado el establecimiento de un calendario de consulta, que se ha fijado con una reunión semanal y en distintas sedes, como la Delegación de Empleo o la propia base. Además, los trabajadores han pedido a la compañía que amplíe la información sobre las "supuestas causas productivas que alegan, pero no han sido capaces", algo que asegura que ocurrió en los mismos términos el pasado año cuando alegaron causas organizativas para los despidos.

Asimismo, la plantilla ha solicitado una relación de todos los trabajadores para saber en qué categorías los tienen clasificados desde la empresas, ya que creen que en función de esto estarán los despidos. "Entendemos que a esas causas productivas acogen a sólo 55 porque los 70 u 80 empleados restantes serán acogidos seguramente a otro ERE antes de que termine el año pero bajo otro concepto, el de causas organizativas", lamenta.

De este modo, José Armando Rodríguez deja claro que "ahora mismo la solución es política" e insiste en que la Junta andaluza y el Gobierno han de exigir que haya trabajo y empleo estable" por parte de Estados Unidos en la base. Así, recuerda que el trabajo "se va a seguir desarrollando, pero lo asumirán los militares".

"Los militares que vienen a trabajar a Morón, cuando cumplen 20 años de servicio, tienen una pensión de alrededor de 20.000 euros al mes, y con derecho a sanidad, pero Estados Unidos pretende indemnizar a las personas civiles que llevan aquí trabajando incluso más años con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, alegando causas productivas", alerta, asegurando que se trata de un "trato desigual".

El conflicto de la base

La empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaraba "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por VBR.