CCOO y UGT han rechazado el anteproyecto de Ley Agraria de Extremadura presentado por el Gobierno regional por "falta de concertación" y por "marginar" a los cerca de 60.000 trabajadores del campo que trabajan en ese sector por cuenta ajena.

En nota de prensa, ambos sindicatos han indicado que su posición "se refuerza" ante el dictamen negativo del Consejo Económico y Social frente a este proyecto.

De esta forma, las Federaciones Agroalimentarias de UGT y CCOO han reclamado al Ejecutivo extremeño que "detenga" los trámites de la ley por las vías actuales y abra una mesa de negociación con los sindicatos y las patronales agrarias para que estos puedan contribuir a "mejorar el texto y corregir sus errores" antes de que sea presentado al Parlamento de Extremadura.

La tramitación de esta ley es para CCOO y UGT un "nuevo ejemplo" de cómo el Gobierno de Extremadura "se olvida" de los casi 60.000 trabajadores por cuenta ajena del campo en la región al "no escuchar ni la opinión de sus representantes, preocupados fundamentalmente por el empleo y las condiciones laborales en el sector".

"La relevancia de esta ley para la economía extremeña y para la fijación de población en el medio rural debería hacer reflexionar a la Junta de Extremadura sobre la necesidad de abrir un proceso real de diálogo social y no limitarse simplemente a un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones", han considerado ambos sindicatos.

Ante un sector como el agrario, "tan amplio, complejo y transversal", lo "más indicado", en opinión de CCOO y UGT, hubiera sido realizar un "gran debate" que hubiera desembocado en un "amplio acuerdo" sobre qué modelo de agricultura se quiere, "más aún cuando se abre ahora un nuevo periodo de aplicación de fondos europeos".

Sin embargo, han apuntado, la "precipitación y urgencia" con la que el Gobierno de Extremadura ha planteado su tramitación ha llevado a que se presente un texto "cerrado sobre que el que es imposible hacer cambios estructurales y de calado".

"Este error no ha sido cometido por otras comunidades autónomas donde sí se ha contado con los agentes sociales y económicos de los sectores implicados para la elaboración de la ley", han expuesto los sindicatos.