La Consejería de Fomento y Medio Ambiente dispone de un total de 11.416 viviendas protegidas de las que 10.189 están en periodo de amortización por sus futuros propietarios, 1.096 están en régimen de alquiler y 131 están disponibles para atender a las familias que necesiten realojo en caso de desahucios o de exclusión social y que no puedan procurarse una vivienda por sus propios medios, según los informes de los servicios sociales.

Según han explicado desde el departamento que dirige Antonio Silván, las viviendas en venta abandonan el parque público conforme sus respectivos adjudicatarios completan la amortización de su precio total, tras un periodo que se sitúa entre 20 y 30 años.

En ese periodo, los adjudicatarios de viviendas en venta deben pagar unos recibos mensuales que se sitúan en una media de 200 euros —el recibo más elevado de las promociones de Castilla y León es de 378,56 euros—, según han detallado las mismas fuentes.

En las viviendas de régimen de alquiler, la renta mensual es el 3 por ciento del valor de la vivienda dividido entre 12, si bien la renta se aumenta cada dos años, "pero sólo un 50 por ciento del IPC aplicable". En este sentido, en la actualidad, la renta media de las viviendas en régimen de alquiler se sitúa en 56,06 euros y el recibo más elevado en Castilla y León alcanza los 126,17 euros.

Según han explicado las mismas fuentes, cuando finaliza una promoción de viviendas protegidas se pone en marcha el proceso de selección de los adjudicatarios que se celebra entre las personas inscritas en el 'Registro de demandantes de viviendas protegidas' que soliciten su adjudicación en el término municipal de la promoción. Si es necesario, se procede a realizar un sorteo entre los demandantes.

Una vez termina la adjudicación, se formalizan los correspondientes contratos y mes a mes los servicios territoriales gestionan la tramitación. Por su parte, en los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se supervisan los datos que se graban en los territoriales y se resuelven las dudas y conflictos que puedan plantearse.

Además, desde los servicios territoriales se realizan gestiones ante notarios, registradores, catastro, hacienda, comunidad de vecinos y cualquier actuación cotidiana en la vivienda. "Los gastos de reparaciones y mantenimiento de las viviendas los asume la Junta de Castilla y León", han asegurado desde la Consejería de Fomento.