El portavoz de Justicia del PP-A en el Parlamento, Juan Ramón Ferreira, ha asegurado este sábado que no descarta la posibilidad de acudir a los tribunales para exigir la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios que "desobedece reiteradamente la Consejería de Justicia", como por ejemplo, el de extender los servicios de la Oficina Antidesahucio que ya funciona en Granada al resto de la comunidad para intentar buscar una solución a los desahucios con los servicios sociales de cada municipio.

En un comunicado, el 'popular' ha asegurado que, para el PP-A, estos "incumplimientos suponen una burla al Parlamento andaluz, una burla a una voluntad popular manifestada en la cámara andaluza y, en definitiva, un agravio a los ciudadanos, que podrían tener unos mejores servicios en materia de Justicia".

"Estos incumplimientos suponen una contradicción entre los propios socios de gobierno, PSOE-A e IULV-CA, puesto que ellos votan determinadas propuestas en el Parlamento pero luego el propio Gobierno desoye estas propuestas parlamentarias por razones que se nos escapan, o porque simplemente el PP las presenta o las vota", ha aseverado el portavoz.

Ferreira ha señalado algunos de estos incumplimientos en materia de Justicia, como el relativo a la aprobación por parte de PP-A e IULV-CA de una propuesta para que la Oficina Antidesahucio, que ya está en funcionamiento en Granada, extendiera sus servicios al resto de la comunidad, para intentar buscar una solución a los desahucios con los servicios sociales de los ayuntamientos.

"Una vez más, el gobierno de la Junta de Andalucía desoye los acuerdos parlamentarios en una materia tan sensible como son los desahucios, aunque luego pretende convertirse en el gobierno abanderado en la lucha contra ellos", ha lamentado el popular.

Además, ha advertido también del "incumplimiento" relativo a la puesta en marcha del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que ofrece un servicio fundamental a los presos en materia de traslados, permisos, y otras prestaciones, y que se trata de una "reivindicación" de los colegios de abogados y de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía.

"Esto era un servicio que funcionaba correctamente pero que la Consejería de Justicia ha eliminado de un plumazo. Y en diversas ocasiones el PP-A ha instado al consejero Emilio de Llera a que se reanudase este servicio, incluso se aprobó en un par de ocasiones con el voto a favor del PSOE, pero el consejero no lo pone en marcha", ha esgrimido.

Asimismo, Ferreira ha recordado que en pleno se aprobó una moción del PP que recogía varias medidas que "tampoco se han puesto en marcha por parte de la Consejería de Justicia", como la continuidad del Servicio de Extensión Variable, que aglutinaba a un grupo de funcionarios que acudían a aquellos juzgados colapsados para aliviar la carga de trabajo en un período determinado; y la amortización de plazas en los Juzgados, "ya que desde la Junta de Andalucía lo que se está realizando es un recorte de personal paulatino que se podría cifrar en unas 200 plazas vacantes que no son cubiertas ". "Algunas de las medidas tienen incluso soporte presupuestario", ha concluido.