El Ayuntamiento de Getxo va a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la resolución del Órgano Administrativo de recursos contractuales de la CAPV, que ha declarado la nulidad del procedimiento para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras municipal.

A través de un comunicado, el Consistorio ha asegurado que va a garantizar la continuidad del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras municipal, y va a solicitar la suspensión de la citada resolución hasta que el TSJPV dicte sentencia.

Esta resolución le fue notificada al Consistorio getxotarra el pasado viernes, 1 de agosto, por la que el citado organismo estima parcialmente el recurso interpuesto por INBISA S.A., con motivo de su exclusión del procedimiento y frente a la adjudicación del contrato del servicio a otra empresa.

Ante esta resolución, desde el Ayuntamiento se ha manifestado que el servicio de limpieza y recogida de basuras no se va a ver interrumpido y se va a continuar prestando "con toda normalidad", en las mismas condiciones que se presta en la actualidad.

Una vez celebrada este miércoles la Junta de Portavoces, con la presencia de todos los grupos municipales, y desde la "discrepancia absoluta" con la citada resolución y su fundamentación jurídica, el Ayuntamiento ha anunciado que va a interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la misma ante el TSJPV. Esta decisión será objeto de ratificación en el primer pleno post-vacacional del mes de septiembre.

Mesa de contratación

El Consistorio ha recordado que el procedimiento de adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras fue impulsado y tramitado desde el pleno municipal, con la aprobación de los pliegos en diciembre de 2012, asistido por la Mesa de Contratación.

En dicha mesa estuvieron presentes todos los grupos políticos municipales, quienes acordaron, por unanimidad, la exclusión de la empresa recurrente. La decisión fue posteriormente ratificada en pleno el pasado mes de mayo.

El contrato del servicio fue adjudicado, por acuerdo plenario de 27 de mayo de 2014, a la UTE formada por las empresas CESPA y ASASER, por ocho años (más cuatro posibles prórrogas de un año cada una) y un importe de 10 millones anuales (con un ahorro de un 15% con respecto al coste de la anterior adjudicación).

El objetivo del contrato es llegar en los próximos ocho años al 50% de recogida y separación selectiva, y entre las novedades que recoge se encuentra la implantación del 5º contenedor o contenedor marrón para la recogida selectiva de materia orgánica.