El Registro de Parejas de Hecho de Andalucía, dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha contabilizado en la provincia de Málaga en el primer semestre de este año un total de 900 inscripciones, de las cuales el seis por ciento corresponde a parejas homosexuales.

Así, según los datos aportados a Europa Press, de las parejas registradas, 651 realizaron los trámites de inscripción a través de los ayuntamientos, y las 249 restantes lo hicieron directamente en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Durante el pasado año se realizaron un total de 1.358 inscripciones de parejas de hecho en la provincia de Málaga, han destacado, al tiempo que han recordado que para sumarse a este registro, que es único a pesar de que la gestión esté descentralizada a través de los ayuntamientos, es necesario que uno de los miembros tenga residencia en Andalucía.

BENEFICIOS

Con la inscripción en el registro, se puede acceder a los beneficios previstos en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así, en materia de protección de menores, esta norma establece la posibilidad de constituir acogimientos familiares, simples o permanentes, por parejas de hecho, sin discriminación alguna por opción sexual.

Igualmente, las parejas de hecho pueden solicitar el acceso conjunto en centros residenciales para personas mayores, así como ejercer el derecho que la legislación sanitaria reconoce a los familiares.

Además, en la adjudicación de viviendas promovidas por la Administración andaluza se equiparan al matrimonio, una igualación que también se refleja en los ámbitos tributarios y fiscales a nivel autonómico, así como en lo relativo a permisos y vacaciones.

Tras las modificaciones introducidas por la Ley estatal 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en Materia de Seguridad Social, se reconoce también el derecho a la pensión de viudedad a las parejas de hecho que lo acrediten mediante el correspondiente certificado de los registros específicos de las comunidades autónomas, cuando esta inscripción se haya producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de fallecimiento.