IULV-CA ha justificado la Ley de Participación Ciudadana, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno, en que "está comprobado que votar cada cuatro años no garantiza la democracia" y en la necesidad de que "la voluntad popular pueda expresarse más allá del sistema de partidos".

Así lo dice la formación en un argumentario distribuido a la militancia, consultado por Europa Press, y en el que asegura que esta futura norma de la Junta también debe servir para que "la fijación de los temas que son objeto del debate político no sea monopolio de los partidos políticos y los medios de comunicación" y para que "el pueblo organizado plante cara a quiénes usurpan la toma de decisiones fundamentales sobre su vida: los mercados, la Unión Europea y la banca".

Para ello, propone "llevar al límite el marco político actual" para que no se impidan los "referéndums vinculantes", donde el Gobierno tenga la "obligación" de motivar, en su caso, el rechazo a las consultas ciudadanas.

"En definitiva, se trata de crear la norma que da la vuelta a la acción de gobierno tal y como se ha desarrollado hasta ahora en la Junta para empezar a 'gobernar obedeciendo'. Obedecer a una mayoría social que quiere participar de las decisiones más allá del voto cada cuatro años", explica IULV-CA a sus militantes.

En este documento también explica las principales aportaciones que desde IULV-CA se ha hecho al mencionado Anteproyecto de Ley de Participación, entre las que destacan que los andaluces "tendrán regulado el derecho a la participación que recoge el Estatuto andaluz, la Constitución y las recomendaciones de las instituciones europeas" y que "el derecho a participar se amplía a todos los vecinos de Andalucía mayores de 16 años".

La formación de izquierdas también resalta que los andaluces tendrán "nuevas formas de participar en las decisiones del gobierno" y marcarle "prioridades" a través de mecanismos como los presupuestos participativos, las presentaciones directas de iniciativas o las consultas participativas, así como que podrán trasladar propuestas a los anteproyectos de ley o reglamentos.

Además, según IULV-CA, este anteproyecto contempla que tanto el Gobierno andaluz como los ayuntamientos o los propios ciudadanos podrán impulsar consultas populares en lo referido a las competencias autonómicas y locales.