El espacio informativo semanal 'Los Reporteros' de Canal Sur Televisión emite este sábado 2 de agosto (21,30 horas) una selección de reportajes que han destacado por su elaboración o el interés de su contenido. Concretamente, en esta ocasión rescata dos trabajos, uno sobre el pasado décimo aniversario del 11M y el otro sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba y su polémica en torno a la titularidad de la misma.

En el primer caso, han pasado diez años desde que ocurriera el mayor atentado sufrido en España. Aquel 11 de marzo de 2004 era un día gris en el que entre las 7,30 y las 8 horas miles de trabajadores y estudiantes se dirigían a sus destinos: entonces estallaron diez de las trece bombas colocadas en cuatro trenes de cercanías de Madrid, acabando con la vida de 191 personas y dejando heridas a otras 1.841, justo tres días antes de unas elecciones.

Por esa razón, en seguida se abrieron paso teorías de conspiraciones extrañas, aunque las investigaciones policiales no dejaron lugar a dudas; cuatro años y medio, después el caso fue juzgado, declarando culpable de la acción a un grupo yihadista. Las víctimas consideran que todo este debate estéril les ha añadido más dolor aún al de la pérdida de un ser querido. Diez años después, se habla con las víctimas sobre cómo han vivido todo este tiempo.

El segundo reportaje del programa tiene que ver con la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba que tiene frente a sí una polémica acerca de la titularidad de la misma, ¿de quién es realmente? La Iglesia registró su propiedad por 30 euros en 2006 y, de hecho, ya utiliza sólo el nombre de Catedral, ignorando la parte de construcción religiosa árabe que le dio origen, y que como tal está reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

En dos años acabará el plazo para que se pueda revocar esa inmatriculación si una de las administraciones decidiese reclamar dicha titularidad. Así, el debate se ha abierto sobre esa posibilidad, ya que una plataforma ciudadana persigue que el monumento no sea privativo de la jerarquía católica. De momento, tanto el gobierno municipal como el central rechazan esa opción, mientras que la Junta la está estudiando para preservar su carácter público.