El consejo de administración de Aumsa, empresa urbanística municipal del Ayuntamiento de Valencia, ha declarado desierta la licitación del contrato por la asistencia técnico-jurídica financiera para el desarrollo urbanístico de la ejecución del Plan del Grau.

La empresa Iberfin Capital SA que presentó una oferta por 30 millones de euros y a la que según la información previa al consejo de administración iba a licitarse este contrato, no ha presentado finalmente la fianza de 1.917.000 euros por lo que ha sido excluida, según ha informado el grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia en un comunicado.

Compromís ha explicado que el Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB) presentó a principios de 2013 una querella en la Audiencia Nacional contra Iberfin Capital SA, el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, el hijo de Domingo Parra, José Antomio Parra, y el miembro del consejo de administración de Iberfin Capital, José Antonio Parra; el consejero Dimas de Andres, y el presidente actual del consejo de administración de la empresa, Francisco de Andrés.

La coalición ha destacado que las operaciones investigadas por el juez Pedraz entre el Banco de Valencia, Iberfin Capital y otras siete promotoras inmobiliarias, "habrían causado un perjuicio patrimonial a la antigua entidad financiera centenaria de más de 500 millones de euros".

Además de la apertura de una causa judicial en la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores del Banco de Valencia y los administradores de una serie de sociedades a la que se desviaron fondos del banco, ha indicado que "muchas de estas empresas estaban participadas directamente por la familia del ex consejero delegado del Banco de Valencia, como era el caso de Iberfin Capital SA".

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, ha denunciado estos hechos durante el consejo de administración de Aumsa y ha exigido la paralización de la concesión de este contrato por considerar "inmoral y jurídicamente cuestionable conceder un contrato público de 30 millones de euros a una empresa que supuestamente recibió irregularmente fondos del Banco de Valencia, y que después provocó la inyección de 17.868 millones de euros públicos".

Finalmente, la oferta de la empresa investigada ha sido excluida por no presentar la fianza a tiempo, aunque Compromís ha indicado que el equipo de gobierno pretendía ampliar el plazo para presentarla.

"El Plan del Grau ha quedado paralizado, igual que se paralizará el de El Cabanyal", ha subrayado Ribó, quien ha añadido que "la megalomanía de Barberà es preocupante y ha quedado claro que es inviable económicamente".