En noviembre de 2012, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que se fijaban las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, una norma que también incluía un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que había quedado sin casa. Se la llamó ley antidesahucios, aunque ese calificativo le ha venido grande, en opinión de muchos.

Sea como fuere, el decreto “caduca” y el Ejecutivo debe decidir si lo prorroga. Ante la finalización de la moratoria de dos años que se aprobó en noviembre de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que la "inclinación natural del Gobierno sería mantener o reforzar" las medidas para evitar los desahucios.

Preguntado por este asunto tras comparecer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el ministro ha indicado que el Gobierno va a analizar la situación, pero que su "sensibilidad siempre será favorecer a todos aquellos que han estado golpeados por la crisis y evitar todos los dramas que se están produciendo por los desahucios".

"Lo vamos a tener en consideración, pero nuestra inclinación natural sería mantener o reforzar" estas medidas, ha añadido el ministro, que ha recordado que casi 20.000 personas se han favorecido de las normas aprobadas por el Gobierno en este sentido.

Desde la puesta en vigor del código de buenas prácticas en marzo de 2012, la banca ha aceptado que 2.124 familias en apuros se libren de su hipoteca con la entrega de las llaves de su vivienda, lo que se conoce como dación en pago, al tiempo que han reestructurado la deuda a sus clientes en 6.498 casos.

Oficialmente, se han suspendido más de 10.000 desahucios, por lo que 19.500 familias se han beneficiado de las medidas promovidas por el Gobierno. Las entidades han adjudicado 927 viviendas en alquiler a un precio reducido, de las 6.000 que forman parte del fondo social de viviendas creado.

"El Gobierno no va a dejar a aquellos que por causas sobrevenidas, se han visto golpeados por la crisis, y no vamos a dejar que se queden sin viviendas", asegura De Guindos.