Las víctimas de delitos graves podrán recibir información del proceso penal que se sigue contra su agresor, podrán recurrir la libertad condicional y los beneficios penitenciarios que les puedan conceder, así como el sobreseimiento o archivo de la causa aunque no estén personadas en la misma.

Son algunos de los derechos incluidos en el Estatuto de la Víctima de Delito que el Gobierno aprobará previsiblemente este viernes en Consejo de Ministros y que este martes han presentado los ministros de Justicia, Interior y Asuntos Sociales, Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz y Ana Mato, respectivamente.

En líneas generales, el proyecto mantiene el catálogo de derechos para las víctimas de la mayoría de delitos graves que contemplaba ya el anteproyecto aprobado en octubre.

Un conjunto de medidas de las que se beneficiarán no solo las víctimas directas de un delito, sino también las indirectas, como los familiares, en caso de fallecimiento o desaparición, entre los que por primera vez se incluirá a los hijos de su pareja si convivían con ella. El objetivo, ha dicho Ruiz-Gallardón, es reconocer "la dignidad de las víctimas" y regular el trato que les debe dar el Estado, no solo jurídico sino también social, de manera que se evite "una segunda victimización social".

El proyecto prevé estos derechos para las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones y contra la libertad sexual penados con más de cinco años de cárcel o cuando se trate de hechos que puedan derivar una situación de peligro para la víctima. De esta forma, el estatuto dota de más derechos procesales y extraprocesales a las víctimas, que podrán recurrir el archivo o sobreseimiento de los casos aunque no estén personadas, y se les proporcionará, si lo desean, información del proceso o adopción de medidas cautelares sobre el encausado.

El ministro de Justicia ha destacado que se trata de un texto nuevo elaborado con la participación activa de las víctimas que "no debe ser solo un mandato del legislador, sino un aldabonazo a la sociedad" que recoja "una modificación del trato a las víctimas de cualquier delito, y a cualquier tipo de víctima". "Ningún Estado va a poder evitar que existan determinados sufrimientos, pero sí que ese sufrimiento se enquiste y les haga duplicar el dolor que tuvieron cuando se cometió el delito", ha añadido el ministro, antes de dejar claro que si este objetivo se alcanza, la sociedad "no habrá dado un paso pequeño, sino un paso de gigante".

El texto presentado este martes y que comenzará después del verano su tramitación parlamentaria permitirá a las víctimas recurrir los sobreseimientos, como reivindicaban las asociaciones, en los 20 días siguientes, un plazo muy superior al establecido hasta ahora de tres.

También, en respuesta a las asociaciones como la de los afectados por el accidente de Spanair, el Estatuto incluirá la prohibición de que abogados y procuradores se pongan en contacto con las víctimas de catástrofes en el mes siguiente al siniestro, una medida que protegerá, ha dicho Pilar Vera, "de voraces embaucadores que se aprovechan de las tragedias aéreas".

El proyecto reconoce el derecho de la víctima a estar acompañada y a ser informada, si lo desea, sobre la causa abierta por el delito que sufrió, aunque no esté personada. Para ello, recibirá información de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro.

Las declaraciones en sede judicial de las víctimas se reducirán al máximo y durante el juicio se evitarán preguntas innecesarias y el contacto visual con el infractor, al tiempo que los menores y personas con discapacidad tendrán especiales medidas de protección, como la posibilidad de grabar su testimonio de cara a evitar hacerlo en persona.

El 30 de julio de 2009 ETA asesinaba con una bomba lapa adosada a su vehículo a Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, dos guardias civiles que trabajaban en la localidad mallorquina de Palmanova, en el municipio de Calviá. Fue el último atentado mortal perpetrado por la banda en España. Sin embargo, con esta acción la banda no pondría fin aún a su actividad armada —su anuncio llegó el 20 de octubre de 2011—, pues apenas ocho meses después de atentar en Palma de Mallorca, un policía francés fallecía en un tiroteo con miembros de ETA.

Estos son algunos de los hechos más relevantes desde ese 30 de julio de 2009, cinco años en los que banda ha sido derrotada policialmente —han sido detenidos 356 presuntos etarras, entre ellos sucesivas cúpulas militares—, ha realizado 35 comunicados, el más importante el de su cese, pero todavía tiene pendiente la entrega de sus armas.