La Junta de Andalucía mantiene las partidas destinadas al mantenimiento de los servicios sociales comunitarios de los municipios andaluces, con una inversión de 33,9 millones de euros a través del plan concertado.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la orden en la que se establece la distribución de las cantidades que percibirán las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a través del plan concertado, herramienta que garantiza una red de servicios sociales municipales que ofrece en condiciones de proximidad, accesibilidad y transversalidad prestaciones básicas a ciudadanos en situación de necesidad.

Según informa la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sólo destina para este programa 5,3 millones de euros "que aún están pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros", de forma que "hasta que no se realice la transferencia de este importe no pueden distribuirse la totalidad de estos créditos".

En este sentido, el departamento que dirige María José Sánchez Rubio destaca que, mediante la orden publicada, la Junta compromete la cantidad de 4,6 millones de euros mientras que "desde 2011 el Gobierno central ha reducido la dotación económica para estas partidas en un 68 por ciento".

Por provincias

Por provincias, Almería recibe de la Junta una inversión de 2,8 millones de euros para subvenciones del plan concertado; Cádiz, 5,1 millones; Córdoba, 3,1 millones; Granada, 3,8 millones; Huelva, 2,1; Jaén, 2,6; Málaga, 6,7; y Sevilla, 7,7 millones.

Los servicios sociales comunitarios constituyen la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales en Andalucía, donde se ofrece información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.

En 1988, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propuso una serie de convenios-programas a las comunidades autónomas para garantizar que todas tuvieran una red de servicios sociales municipales que permitiera ofrecer en condiciones de proximidad, accesibilidad y transversalidad, unas prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad.

En Andalucía este convenio de cooperación se suscribió en mayo de 1988 y se ha ido prorrogando desde 1989 hasta la fecha. En virtud del mismo, durante todos estos años, el sistema público andaluz de servicios sociales ha tenido como estructura básica la de los servicios sociales comunitarios, una estructura que está asentada en los municipios y las diputaciones y que, con zonas de trabajo social que lo conforman, constituyen la red social de atención primaria en la comunidad autónoma.