El grupo socialista en la Diputación de Alicante ha recordado este viernes que un informe elaborado a instancias del partido señala que la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja —en la zona XVII— a la UTE de Enrique Ortiz —imputado en el 'caso Brugal'—, no fue "limpia" ni "transparente" y que la empresa "no tenía los terrenos donde estaba prevista la planta de transferencias".

El portavoz del grupo socialista de la Diputación de Alicante, David Cerdán, y el diputado provincial, Raúl Valerio Medina, han valorado así los informes emitidos por las universidades Carlos III y Jaume I sobre todo el proceso de adjudicación de recogida de residuos del Plan Zonal de la Vega Baja al contratista Enrique Ortiz, según un comunicado emitido por el grupo.

En ese sentido, Raúl Medina ha explicado que el informe de la Universidad Carlos III, solicitado por los socialistas, da respuesta a una cuestión que viene del año 2008 sobre "una adjudicación, no limpia, poco transparente y además, como apuntó el propio diputado del PP Adrián Ballester, salpicada por la corrupción". Así mismo, el informe apunta que "la planta de residuos se quería construir en Torremendo —pedanía de Orihuela—, sólo para favorecer a Enrique Ortiz y a Ángel Fenoll, por ello la oferta más valorada fue rechazada. Además queda demostrado que la empresa no tenía los terrenos de Albatera donde estaba prevista la Planta de Transferencia, tal y como hemos venido denunciando del PSPV de Diputación".

Ante ello, los socialistas han recordado que "la Diputación propone rescindir el contrato tal y como el Grupo Socialista ha venido pidiendo". "Estamos pues ante una situación muy grave, ante una discriminación con respecto al resto de Consorcios, al ser el único que no tiene un Plan Zonal aprobado y en el que la Diputación ha sido cómplice al dejar pasar los plazos intencionadamente, dejando vía libre a la empresa", ha explicado Raúl Medina.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista David Cerdán ha exigido que se compense "a los 27 municipios afectados por la negligencia del PP por la cual están pagando más que el resto de consorcios por la recogida de residuos". "Este sobrecoste debe asumirlo la Generalitat, la Diputación o ambas".

Así mismo, ha pedido que el nuevo plan debe de ajustarse a las Directivas de la UE, y ha recordado que el Grupo Socialista presentó alegaciones al Plan Integral de Residuos de la Generalitat, "este plan tiene que ser paralizado, ya que debe potenciar al máximo el reciclaje, limitar o prohibir el capital privado. Con el dinero público de la Generalitat, la Diputación y los Ayuntamientos debe ser suficiente". Cerdán ha remarcado que "sospechamos que parte del gran problema es el dinero privado que está en juego".

Por ello, el portavoz socialista ha pedido "valentía a la Generalitat para que explique si está del lado de la empresa o de los municipios y ante todo que trabaje por un Plan Integral transparente y ajustado a la legalidad".