La ciudad de Huesca continúa revitalizando su casco histórico con el derribo del Cuartel de la Merced. Dicho espacio, propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), se va a recuperar con las actuaciones promovidas por la sociedad pública perteneciente al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

El Consejo de Administración de SVA, presidido por el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha dado luz verde a la adjudicación de los trabajos de demolición del antiguo Cuartel de la Merced a la empresa Excavaciones y Obras Pérez del Río, con un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del contrato.

De esta forma, se van a destinar más de 79.000 euros a esta actuación, tal y como contempla el contrato de ejecución firmado este viernes en el Ayuntamiento oscense por el consejero de Obras Públicas, Fernández de Alarcón, en compañía de la alcaldesa de Huesca, Ana Alós.

Al plazo de demolición le seguirán un conjunto de actuaciones que tendrán, como fin último, la rehabilitación de la zona y la atracción de nuevos habitantes a ella, gracias a la futura construcción de viviendas.

En ese sentido, Fernández de Alarcón ha confiado en conseguir la licencia de construcción "en enero o febrero", dependiendo de las precisiones que, a partir de la precomercialización, haya que hacer. "En medio está el proyecto de urbanización, que creo que está acabado", ha remarcado.

El consejero de Obras Públicas ha resaltado que se trata de un conjunto de actuaciones que se van a efectuar de manera continuada. "Una vez que acabemos la demolición empezaremos la urbanización y, tras ello, los siguientes", ha precisado.

Atendiendo a las particularidades del proyecto, la demolición se va a ejecutar elemento a elemento, en orden inverso a su construcción. Esta actuación tiene por objeto garantizar la seguridad en todo el proceso adjudicado, tanto a los viandantes que transcurran por ese emplazamiento como la de los edificios colindantes al Cuartel de la Merced.

Al mismo tiempo, SVA sigue avanzando en la recuperación de esa zona. Los siguientes pasos que va a efectuar la sociedad pública están centrados en la redacción del proyecto de urbanización de esa área de la capital oscense para que, seguidamente, pueda ser presentado para su aprobación y preparar la licitación de las obras de urbanización.

Bolsa de alquiler social

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón ha valorado con la alcaldesa oscense el funcionamiento de la Bolsa de Alquiler Social, tras la aprobación del Plan Aragonés para el Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación urbanas (2014-2016) en el último Consejo de Gobierno.

En esta iniciativa, en la que se incluye la destinada a garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades, colabora también el Ayuntamiento de Huesca mediante la aportación de nuevos inmuebles para atender la demanda de los ciudadanos.

Una cooperación que se deriva del convenio firmado en marzo de 2013 entre ambas administraciones en materia de mediación de deuda hipotecaria y alquiler social.

Con respecto a la Bolsa de Alquiler Social, Fernández de Alarcón ha detallado que "estamos consiguiendo las viviendas para atender a todas las necesidades, que vamos resolviéndolas".

Tras una primera fase de admisión de inmuebles disponibles para su alquiler inmediato y una segunda en la que se recepcionaban también las que requerían de actuaciones de rehabilitación, posibilidad que todavía está vigente, el consejero ha especificado que "nos está permitiendo que dentro de muy poco tengamos las viviendas suficientes", ha anunciado.

Según recoge el acuerdo firmado, las viviendas deberán estar ubicadas en el ámbito territorial del municipio de Huesca, cumplir las condiciones de habitabilidad vigentes, disponer de un equipamiento doméstico indispensable para realizar las funciones básicas de habitabilidad de la unidad de convivencia, así como disponer de las instalaciones mínimas necesarias asociadas a los suministros de agua y energía y no estar arrendadas, ocupadas, ni sometidas a limitación que impida su cesión.

Los beneficiarios de una vivienda social deberán comprometerse a destinarla a residencia habitual y permanente, así como a abonar una renta por la vivienda, y a cuidarla y mantenerla en debidas condiciones de uso y conservación.

Asimismo, la renta máxima a abonar por el arrendatario será de 3 euros por metro cuadrado útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40 por ciento de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social.

De esta forma, ambas administraciones aúnan esfuerzos en beneficio de los ciudadanos que necesiten de una vivienda con alquileres adaptados a sus ingresos en una iniciativa que permite la aportación de viviendas por parte de particulares que decidan darles un uso con las garantías de cobro y de mantenimiento del inmueble del Gobierno de Aragón.