El Gobierno regional ha aprobado este viernes en su reunión de Consejo el decreto por el que se regula el Plan de Vivienda de La Rioja 2013-2016, dotado con 17,2 millones, cuyos principales objetivos son fomentar el alquiler como principal vía de acceso a la vivienda, apoyando en especial a las familias con más dificultades, y, en segundo lugar, estimular la actividad económica y el empleo a través de la rehabilitación de edificios y espacios urbanos.

El Plan de Vivienda de La Rioja regula la aplicación en la comunidad autónoma del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. No obstante, cuenta con programas de ayudas autonómicas con el propósito de adaptarse y atender las necesidades y peculiaridades detectadas en el ámbito de la vivienda en La Rioja.

El consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos, ha precisado que este plan cuenta con un presupuesto de 17,2 millones euros entre 2014 y 2016. El Ministerio de Fomento aporta 12,6 millones euros, mientras que el Gobierno de La Rioja contribuye con los restantes 4,6 millones de euros.

El Ejecutivo riojano "se suma así a los esfuerzos que se están acometiendo desde las Administraciones Públicas para favorecer la reorientación del sector inmobiliario".

Para ello, "se pretende facilitar la salida al excedente de viviendas construidas, ayudar a las familias con dificultades para mantener su vivienda habitual o acceder por primera vez a ella y estimular la rehabilitación del parque inmobiliario con objeto de lograr no sólo un consumo más eficiente de energía sino lograr unas condiciones más adecuadas para incrementar nuestra calidad de vida".

La aprobación de este decreto permitirá que los riojanos se beneficien de las ayudas estatales que se articulan en los siguientes programas: ayuda al alquiler de vivienda; fomento del parque público de vivienda de alquiler; rehabilitación edificatoria; regeneración y renovación urbanas y, por último, apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE).

Cada uno de estos programas cuenta con su dotación presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento y el Gobierno de La Rioja (en este caso salvo en las ayudas al alquiler y el apoyo a la implantación del IEE). En concreto, por parte del Gobierno central la aportación prevista es de 12,5 millones, y, por el Ejecutivo regional, de 4,6 millones.

Además desde la Dirección General de Urbanismo y Vivienda se impulsarán programas específicos en la comunidad autónoma para atender las necesidades propias de la región.

En concreto, se trata de los programas de mantenimiento permanente de inmuebles y sus instalaciones generales; gestión del alquiler social de entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos y apoyo a las familias afectadas por la pérdida de su vivienda habitual. Además se ha reservado una partida para abonar los pagos pendientes de planes de vivienda anteriores.

El Plan "se ha diseñado de forma flexible, las cantidades son orientativas y se podrán pasar de un programa a otro en función de la demanda". El plazo para la presentación de las ayudas, en lo que concierne a este año 2014, se abrirá previsiblemente la próxima semana y se mantendrá abierto hasta el 30 de septiembre.

Detalle de las ayudas.

Burgos ha detallado los programas de ayudas, comenzando por el de ayuda al alquiler de vivienda, dotado con 2,8 millones de euros. Se dirige a las familias con mayores dificultades económicas a las que se les concederá una ayuda de hasta el 40% de la renta anual, con un máximo de 2.400 euros, por un plazo de 12 meses, prorrogables por otros 12 meses más, hasta el fin del Plan en diciembre de 2016.

La segunda línea de ayudas es para el fomento de un parque público de viviendas en alquiler, con 1 millón de euros. Las administraciones pondrán a disposición suelo y fomentarán la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Con este programa, ya se está construyendo una promoción de 32 viviendas en Calahorra.

El tercer programa es para alquiler social, con 270.000 euros de dotación. El objetivo es ayudar a las organizaciones que facilitan una vivienda a las familias más desfavorecidas, como por ejemplo Cáritas.

Por últmo, en el caso de los arrendamientos especiales, con 260.000 euros, se trata de un programa está dirigido a las familias que han perdido su vivienda habitual o están en proceso de desahucio. La ayuda consistirá en una subvención para que no dediquen más del 25% de sus ingresos al pago de la renta, por 3 años prorrogables.

Los otros cuatro programas se centran en la rehabilitación. El primero, dotado con 8,3 millones, es para rehabilitación de edificios, en concreto, para financiar obras de mantenimiento y conservación de edificios residenciales. El objetivo es mejorar su conservación, eficiencia energética y accesibilidad. Estas ayudas no podrá superar la cifra de 11.000 euros por vivienda.

El segundo caso se refiere a la regeneración y renovación urbana, con 2,7 millones, con el que se pretende recuperar conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales mediante actuaciones urbanísticas integrales, como el que se realiza por el INAR de Arnedo, en una manzana con 142 viviendas.

Esta modalidad se aplicará en ámbitos de 100 viviendas y que en la mayor parte de los casos (60%) tenga uso residencial. Las ayudas cubrirán hasta el 35% de las actuaciones que se lleven a cabo, con 11.000 euros por vivienda, en el caso de rehabilitación, y 30.000 euros, en el supuesto de nueva construcción.

El tercer programa es para los Informes de Evaluación de edificios, dotado con 680.000 euros, una obligación para los edificios de más de 50 años, aunque es una recomendación para todos, para conocer el estado del inmueble en términos de conservación, eficiencia energética y accesibilidad. Las ayudas financian el 50% de las actuaciones.

Por último, está el programa de mantenimiento de inmuebles, que está dotado con 370.000 euros. El objetivo de esta línea de ayudas es fomentar los contratos de mantenimiento que garanticen una adecuada conservación de los inmuebles, con un máximo de 500 euros por edificio.