La finca situada en Catellón que presentó Miguel Ángel Flores para cubrir los 100.000 euros de fianza que le impuso el juez Eduardo López Palop no cubre ni el 15% de la cuantía, por lo que tendrá que depositar en el plazo de cinco días una nueva fianza de la misma cantidad.

En un auto fechado este jueves el magistrado que instruye el 'caso Madrid Arena' da un plazo de cinco días al empresario para que deposite los 100.000 exigidos al no aceptar la escritura de la citada finca.

En el caso de no hacerlo, le advierte de que se ordenara su inmediato ingreso en prisión. Contra el auto, cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid.

El pasado mayo, Flores declaró por segunda ocasión ante el juez instructor del caso. Tras la comparecencia, se le elevó la fianza de 200.000 euros a 300.000 euros y se le impusieron comparecencias diarias.

Días después, Flores presentó la escritura de un solar situado en Castellón y propiedad de un tercero. Sin embargo, la tasación judicial cifra el valor del solar en unos 15.914 euros. Por ello, el juez recalca que "ni de lejos tiene valor suficiente" para cubrir la fianza impuesta.

En ese mismo auto, el juez acuerda no dar permiso a Miguel Ángel Flores para poder irse de vacaciones a Málaga entre el 4 y el 25 de agosto, una solicitud a la que se han opuesto las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal.

El juez explica que los juzgados de Marbella carecen del sistema informático necesario para que se le pueda realizar un control diario de la comparecencia. "Es esencial para este juzgado el control diario y puntual de la localización del imputado", señala.

Además, destaca que debe ser tenido en cuenta el argumento de la Fiscalía acerca de que "no es en modo alguno necesario que el mismo se ausente de Madrid únicamente por razones de ocio o vacación". Y recuerda que está imputado por hechos de "extrema gravedad".

El pasado 3 de julio, el magistrado instructor también se oponía a la solicitud de Flores de poder declarar para dar explicaciones sobresu situación patrimonial y el informe policial que refleja que se vendieron 22.000 entradas.

Con una nueva declaración, el empresario pretendía que el juez le revocara las nuevas medidas judiciales que se le fijaron el pasado 14 de mayo después de que comparecer por segunda ocasión ante el magistrado. Tras la comparecencia, se le ampliaron las medidas judiciales.

El abogado defensor interpuso entonces un recurso de reforma contra este auto, que fue desestimado por el instructor. Tras ello, José Luis Fuertes presentó otro recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, que está aún por resolverse.

El pasado abril, el juez ofició a la Unidad de Delitos Económicos  y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) a los efectos de que informaran a este juzgado sobre posibles movimientos patrimoniales que se hayan podido producir respecto a Flores y a su hermano José María.

En los fundamentos de derecho, el juez explicaba que es necesario para la investigación que se tenga exacto y puntual conocimiento de los movimientos económicos de los imputados a los efectos de comprobar "si se están produciendo actividades, inversiones o desinversiones que pudieran revelar la intención de abandonar el territorio español y sustraerse de la acción de la Justicia".

Flores también quiere explicar algunos detalles relativos al informe de la Brigada de Informática Forense de la Policía Científica sobre el contenido de los ordenadores de Diviertt y cuyo volcado habría puesto de manifiesto que se vendieron 22.000 entradas para el evento, lo que duplica el aforo permitido de 10.600 personas.