El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que se autoriza el concierto de 338 plazas residenciales para personas mayores, dentro del programa 'resideN', que suponen trece contratos cuatrienales con otras tantas residencias y un presupuesto de 31,6 millones de euros.

Por un lado, se contratan 233 plazas en nueve convenios, por un importe de 22,1 millones de euros con las siguientes residencias: Virgen de Jerusalén, de Artajona (23 plazas), San Francisco Javier, de Falces (12 plazas), Milagrosa, de Olite (14 plazas), Nuestra Señora de Gracia, de Tudela (35 plazas), Torre Monreal, de Tudela (21 plazas), Las Améscoas, de Eulate (11 plazas), Carmen Bellido, de Cortes (23 plazas), Andra Mari, de Lesaka (19 plazas), y San Manuel y San Severino, de Tafalla (75 plazas).

Por otro lado, se contratarán 105 plazas en cuatro convenios con otras tantas residencias, con un presupuesto de 9,5 millones de euros: San Sebastián, de Andosilla (14 plazas), Lodosa (37 plazas), Mendavia (27 plazas) y Nuestra Señora de Gracia, de Viana (27 plazas).

Hasta el momento se han concertado un total de 1.425 plazas, y quedan por concertar unas 300 plazas más con doce centros entre 2014 y 2015.

Un año de andadura del programa 'RESIDEN'

'resideN' es un programa de concierto económico para residencias de personas mayores que empezó a aplicarse en julio del pasado año 2013, y que sustituyó al anterior Concerdep. Presenta un doble objetivo: por un lado, disponer de una adecuada red de servicios de atención residencial en condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida. Por otra parte, disponer de un modelo económico más equitativo para los centros, que contribuya a su estabilidad y al mantenimiento de los puestos de trabajo, ha informado el Gobierno.

Para ello, se incluyen nuevos perfiles de usuarios, se reorganizan los tipos de módulos y se flexibiliza la contratación de determinados perfiles profesionales.

En la actualidad existen en Navarra 45 centros de mayores y 2 de psicogeriatría con plazas concertadas. El número de plazas concertadas en centros públicos y privados asciende a 1.645, a las que hay que añadir otras 275 en centros propios del Gobierno de Navarra y 110 de atención psicogeriátrica.

Este sector proporciona más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad Foral, en su mayoría empleos femeninos.

Este modelo amplía la posibilidad de atención en residencias para mayores de 65 años a nuevos colectivos. Así, ofrece cobertura para los denominados dependientes sociales, es decir, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5 por ciento del total.

También se da cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor grado de dependencia.

En lo que se refiere al régimen económico, se homogeneizan las condiciones, con el fin "de ofrecer un sistema más equitativo y eliminar las diferencias de precios existentes antes entre residencias". Con este fin, los tipos de módulos de reducen a dos: dependientes y no dependientes.

Para plazas del primer caso, se han establecido cuatro tramos de tarifas: de 1.700 a 1.800 euros, de 1.800 a 1.900 euros, de 1.900 a 2.000 euros, y de 2.000 a 2.100 euros. La elección de uno u otro tramo se establece en función de tres criterios: la ubicación de la residencia, su tamaño y los perfiles de los trabajadores, primándose aquellas que estén situadas en zonas rurales y sean de tamaño pequeño.

En el caso de plazas para no dependientes existe un único tramo con precios entre 1.200 y 1.300 euros.

Por su parte, para los usuarios se establecen tres tipos de precio en función de la renta: hasta un máximo de 1.502 euros para dependientes, hasta 1.391 euros para severos y moderados, y hasta 758 euros para los no dependientes.

Además, este modelo flexibiliza la contratación de determinados trabajadores, como cocina, lavandería y limpieza, eliminando las ratios que se exigían hasta ahora en función del número de residentes.