El ministro explicó que el Plan de Inspección de Trabajo "específico yespecial de refuerzo", que arranca mañana, persigue combatir laeconomía sumergida y sancionar a los empresarios que actúan de formailegal, una vía a través de la cual "también se puede legalizar eltrabajador si se demuestra que el inmigrante llevaba tiempo trabajandoen España", manifestó.

A partir de este lunes y durante todo 2005 serealizarán 500.000 actuaciones, que "podrán hacerse perfectamente conuna plantilla de 1.700 personas, además hemos acelerado laincorporación de la última promoción de inspectores y subinspectores(más de sesenta)".

Las inspecciones

se concentrarán en los sectores con más inmigrantes: construcción, hostelería, agricultura, comercio y servicio doméstico, agregó el ministro.

Sobreeste último sector -con un tercio del total de peticiones deregularización presentadas- "hay una serie de restricciones de ordenconstitucional que impiden la entrada en domicilios privados, pero esono impide el que haya citaciones para analizar también el sectordoméstico".

La inspección de trabajo abarcará todo el territorio, pero "en especialen provincias donde ha habido un menor número de peticiones sobreempadronados y ésas, increíblemente, no están en la España mediterráneasino en el interior. "Allí habrá una acción especial".

También se actuará de modo especial, aunque parezca "paradójico", enlas provincias "más fuertes como Madrid, Barcelona y el arcomediterráneo, porque los empresarios que han demostrado su voluntad deser legales merecen que quienes no lo hacen en esas provincias seansancionados, porque hacen competencia desleal".

Rechazó informaciones "alarmistas que no se corresponden con la realidad" sobre denuncias de

fraude y falsificación de documentos: "hay poquísimos casos denunciadosante Inspección de Trabajo o la Policía, los pocos que ha habido seinvestigaron y los pocos que ha habido son inútiles, es ridículo pensarque se puede comprar y vender un contrato".

Actualmente hay unos 200.000 expedientes resueltos, de los cuales60.000 están dados de alta en la Seguridad Social. De acuerdo con eldato de afiliaciones de abril de los 194.000 afiliados nuevos, 120.000son españoles y 70.000 extranjeros (15.000 comunitarios).

Respecto a los ingresos adicionales a las arcas públicas debido a losnuevos inmigrantes regularizados, Caldera explicó que el cálculo "esdifícil de hacer, pero sin duda habrá muchos más ingresos".

"Desconocemos cuál será el salario medio de estas personas y, portanto, cuánto van a pagar de IRPF, dónde sí se puede hacer un cálculomás aproximado es en materia de Seguridad Social". Si se logran 500.000ó 600.000 altas, es decir, que del total de peticiones se consoliden almenos un 90 por ciento,

"conllevará un aumento de ingresos de 1.000 a 1.500 millones de euros, un cálculo moderado que no puedo ajustar más porque depende de cada grupo de tarifa donde se cotice".

Por otro lado advirtió de que a partir del próximo lunes "las cosascambian: quien no haya aprovechado el proceso es porque tiene voluntaddeliberada de defraudar, y por tanto, hay que ir a la víasancionadora".

En este contexto recordó que el Reglamento de Extranjería recoge lasvías del arraigo laboral y arraigo social para la legalización delextranjero no comunitario, al tiempo que recalcó que