Las empresas concesionarias de transporte público deberán asumir un compromiso con "la seguridad, la calidad y la eficiencia" en el servicio, tal como se establece en el anteproyecto de ley de Ordenación del Transporte de Castilla y León que la Junta ha presentado este martes al Consejo Regional de Transportes, órgano superior de asesoramiento en la materia.

La nueva ley pretende establecer un nuevo marco jurídico que sustituya al actual modelo, el cual "tiene fecha de caducidad", tal como establece la normativa europea, que establece un plazo para su reforma entre 2015 y 2018, según ha explicado el director general de Transportes de la Junta, José Antonio Cabrejas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Cabrejas ha recordado que el actual modelo tiene "más de 75 años" y está concebido para una población "concentrada en pueblos", mientras que actualmente el sistema de población conduce a modelos "más integrados" en las ciudades, a lo que se suma como "actor fundamental" el medio rural.

Así, entre las novedades que contempla el anteproyecto figura la concepción del transporte como un servicio público esencial, por lo que la Administración regional lo asume como "obligación". En función de esto, Cabrejas ha garantizado que el transporte público se extiende "a todo el territorio" y "allí donde haya población fija, habrá oferta de transporte".

En este sentido, el director general ha subrayado que "por primera vez" se reconoce la categoría de Transporte Rural, un "transporte de proximidad" que permita a los ciudadanos tener acceso a otros "servicios esenciales". De esta forma, la nueva ley se adaptará a la de Ordenación del Territorio impulsada por la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, José Antonio Cabrejas ha defendido el modelo de transporte a la demanda como el "más eficiente", con 300 concesiones, mientras que en otra región como Andalucía existe "la mitad" para "el cuádruple de población".

Otro aspecto de la nueva ley destacado por el director general es el establecimiento de sistemas de arbitraje gratuitos para "proteger al usuario", así como de sistemas que permitan resolver contingencias y problemas "en tiempo real".

Finalmente, ha defendido que el nuevo modelo permitirá "movilizar el mercado" y "estimular la competitividad de las empresas".

Derecho de preferencia

Al margen de esto, José Antonio Cabrejas ha confirmado que el Ejecutivo autonómico ha dejado de aplicar el derecho de preferencia de las empresas que ofrecen transportes generales a la hora de optar a la concesión de contratos de transporte escolar, a fin de atender las peticiones de la Unión Europea para proteger la competencia.

Asimismo, ha puntualizado que el ensayo de compatibilizar el transporte general con el escolar no afecta a la mayoría de los alumnos, que reciben este servicio en un vehículo "sólo para ellos", pese a que sea un único transporte para varios servicios.