El Cuerpo Nacional de Policía de Albacete ha detenido a cuatro ciudadanos rumanos, integrantes de un clan familiar, como autores de un delito contra el derecho de los trabajadores, por explotar laboralmente a unos 200 compatriotas, a los que cedían de forma ilegal a empresarios del sector del ajo, reteniéndoles la documentación personal y posteriormente la mayoría o la totalidad del salario que los trabajadores deberían percibir.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa, durante el mes de mayo, a través de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno, cuando se comprobó la tramitación de un número excepcional de asignaciones de NIE a ciudadanos rumanos, alrededor de 600, teniendo la mayoría en común su pertenencia a varios núcleos familiares y procedencia de las mismas zonas de Rumania y que desconocían el idioma español, los trámites legales y los más mínimos derechos laborales y sociales que pudieran corresponderles.

En todos los trámites eran acompañados por algún compatriota que realizaba labores de representación, intermediación y gestión, lo que determinó la realización de diversas entrevistas personales que permitieron conocer que todos ellos habían venido a trabajar en la recogida del ajo, captados previamente en su país por algún compatriota que les había ofrecido excelentes condiciones de trabajo, sueldo, alojamiento y manutención durante los cinco meses, que según ellos duraría su trabajo.

El incremento en el número de ciudadanos rumanos llegados a España por primera vez, hizo pensar que pudiera obedecer, aparte del efecto llamada derivado del final de la moratoria que hasta el día 1 de enero de 2014 pesaba sobre los ciudadanos rumanos, al interés por parte de "intermediarios sin escrúpulos" de disponer en las campañas agrícolas de este verano de trabajadores rumanos recién llegados de su país, y por tanto, desconocedores de sus derechos, que pudieran ser víctimas propicias de explotación laboral, lo que llevó a que por parte de la Comisaría de Albacete se confeccionaran y repartieran entre los mismos folletos informativos sobre sus derechos laborales y de los teléfonos policiales a los que podrían llamar ante cualquier duda o problema que pudiera surgir en su actividad laboral.

Fruto de la anterior labor de información, comparecieron inicialmente 18 ciudadanos rumanos que coincidían en manifestar que en su país de origen vivían en situación de precariedad y que, captados por un miembro de un grupo familiar integrado por el padre, tres hijos y el esposo de uno de ellos, habían venido a España un grupo de 42 personas para trabajar en la campaña del ajo con unas atractivas condiciones económicas y laborales en las que se les prometía un contrato por varios meses, salarios de más de mil euros, alojamiento digno, manutención, además de pagarles el billete.

DENUNCIAS

Una vez en Albacete, al cabo de unas semanas, los trabajadores comprobaron que las condiciones no eran las pactadas en su país, habían sido alojados en una sola vivienda, sin habitaciones suficientes para todos, hacinadas hasta seis personas en la misma habitación, ocupando incluso habitaciones destinadas a despensa o cocina.

Muchos de ellos no habían firmado contrato alguno de trabajo y comentaron que por los escasos días trabajados se les adeudaba la mayor parte del salario, además de cobrarles por el alojamiento, manutención y transporte hasta el trabajo. Incluso una de las víctimas narró que había sido objeto de agresión sexual por parte de uno de los miembros del clan familiar, lo que les llevó a formular la correspondiente denuncia en la Comisaría de Albacete.

En el transcurso de la investigación policial se pudo detectar, que además del anterior grupo de 42 personas, otro grupo de 90 ciudadanos rumanos, en sus trámites ante la Administración, señalaban un mismo domicilio en la localidad de Balazote, coincidente con el domicilio del clan familiar investigado como responsable de los citados hechos.

Resultado de todas las pesquisas realizadas en relación a los hechos denunciados, fue la detención y puesta a disposición judicial de los cuatro miembros del clan familiar, quienes, sin llegar a constituir ninguna sociedad mercantil, habrían formado un entramado familiar dedicado a la captación de trabajadores rumanos en su país de origen, con promesas engañosas sobre las condiciones de trabajo a realizar en España.

Una vez en el país realizarían labores de intermediación con empresarios del sector del ajo para cederles de forma ilegal mano de obra que controlaban los citados desde su captación, venida a España, alojamiento, manutención y trabajo, reteniéndoles la documentación personal y posteriormente la mayoría o la totalidad del salario que los trabajadores deberían percibir.