El portavoz de IU-CA en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Tomás Arias, ha avisado este lunes de que el concejal no adscrito Rafael Márquez Trillo, escindido del Grupo popular, obra como noveno edil del Grupo socialista, que gobierna en minoría con Manuel Benítez a la cabeza, al votar "siempre" en línea con los socialistas, que gracias a este voto superarían su minoría en el pleno corporativo.

Como es sabido, el Grupo popular del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta ha sufrido durante este mandato la escisión de tres ediles que han abandonado las siglas del PP para declararse como concejales no adscritos, siendo uno de ellos Rafael Márquez Trillo.

IU-CA, en ese sentido, avisa del voto "socialista" del nuevo concejal no adscrito, en referencia a Márquez al ser el último de los dimisionarios del PP en declararse edil no adscrito, señalando que el capitular "gozaba desde el principio y antes de su reconocimiento formal, de todas las prerrogativas que a otros concejales no adscritos no se les reconoció hasta pasados varios meses".

Márquez, según IU-CA, "ha votado siempre, sin excepción, con el Grupo Socialista, en minoría en el gobierno, transformando así los ocho votos de apoyo minoritario al gobierno en nueve votos de absoluta mayoría".

En ese sentido, ha avisado de que en el último pleno ordinario, el voto contrario de los ocho ediles del PSOE y del citado concejal no adscrito supusieron el fracaso de una moción de IU-CA y de otro de los concejales no adscritos, que denunciaba el incumplimiento, por parte del Grupo LAR, promotor del centro comercial IKEA/Aire Sur, de un contrato fechado en 2003 para una inversión de ocho millones de euros en un terreno público cedido a esta empresa para un proyecto en interés general. "Incumplimiento, por lo demás, sin ningún tipo de información o reclamación por parte del Gobierno municipal o del alcalde", dice IU.

Igualmente, se denuncia en la citada Moción la solicitud de sendos permisos por parte de la citada empresa a la Alcaldía de Castilleja de la Cuesta, para poder solicitar créditos hipotecarios a cargo de la concesión administrativa, por un montante total de 156.280.000 euros, 20 veces el valor de la inversión nunca realizada".