El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha manifestado este lunes en Madrid la adhesión de la Comunidad foral al protocolo elaborado por el Gobierno de España para la coordinación de las redes de centros de acogida autonómicos para las mujeres víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas.

Con esta iniciativa, cualquier mujer navarra que sufra violencia de género y quiera salir de su entorno puede utilizar los recursos de acogida previstos en otra comunidad española. Del mismo modo, aquellas mujeres víctimas del resto de España pueden emplear los centros del Gobierno de Navarra.

Este es uno de los acuerdos alcanzados en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Igualdad presidida por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y en la que han participado el consejero Alli y el resto de representantes autonómicos en esta materia, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

En la reunión también se ha dado el visto bueno al reparto de 4,1 millones de euros por parte del ministerio a las comunidades para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y atención a menores.

En el caso de Navarra, la cantidad que le corresponda se articulará a través del Convenio Económico con el Estado. Cabe recordar, que el Gobierno foral destina 1,2 millones de euros para financiar los recursos de atención a mujeres víctimas y sus menores.

Tolerancia cero y nueva ley

Durante la sesión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el consejero de Políticas Sociales ha insistido en el compromiso de "tolerancia cero" del Gobierno de Navarra ante la "lacra" de la violencia de género. En este sentido, el Departamento de Políticas Sociales está elaborando una modificación de la ley foral contra la violencia de género que se presentará en el mes de noviembre. Para ello se cuenta

Para redactar este nuevo texto legislativo, se ha puesto en marcha un proceso con la participación de 680 expertos en la materia, víctimas de violencia de género, asociaciones y representantes tanto de la Administración de Justicia como de los cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros.