El Grupo Socialista en el Parlamento de Extremadura presentará en el Pleno de este jueves, día 24, una iniciativa para poner la contratación pública "al servicio" de la "mejora" de la calidad y la cantidad del empleo en la región.

Para ello, los socialistas propondrán que se incluyan cláusulas sociales en los pliegos de condiciones que regulan, valoran y bareman la adjudicación de los bienes o servicios de la contratación pública.

Se trata, ha explicado en una rueda de prensa en Mérida el portavoz de Empleo del Grupo Socialista en la cámara regional, Miguel Bernal, de que en los pliegos de condiciones, junto al precio y la calidad técnica, se tiene también que valorar el "impacto laboral" directo o indirecto de la actividad de la empresa que va a desarrollar esa ejecución de la contratación pública.

Y ha añadido que "muy específicamente" en "estos momentos" los socialistas quieren que se incluya una cláusula que bareme el volumen de la mano de obra que se ve implicada en la ejecución de esa contratación pública; la calidad del empleo de dicha mano de obra; y el volumen de personas paradas de larga duración que hayan agotado sus prestaciones y que se vean implicadas por una vía de contratación en el desarrollo de esa contratación pública.

Así, el PSOE pretende que el Gobierno extremeño, a través de la contratación pública, "incida condicionando" cerca de 80.000 empleos al año que se ven implicados, según Bernal, "condicionando" la calidad de ese empleo y "sobre todo condicionando" la mejora de la accesibilidad.

De esta forma, los socialistas pedirán al Ejecutivo extremeño que emplee 2.000 millones de euros que, en su opinión, "está utilizando en estos momentos sin eficacia, sin impacto", en el condicionamiento de la calidad y la cantidad del empleo.

Directiva comunitaria

En esta misma línea, Miguel Bernal ha señalado que lo que su partido quiere, "en definitiva", es que se cumpla la directiva comunitaria aprobada en febrero de este año, que dice, ha indicado, que la contratación pública "debe cumplir" un objetivo económico y político, pero "fundamentalmente debe cumplir" un objetivo social.

Al respecto, ha considerado que la contratación pública "debe ser utilizada para solucionar los problemas sociales", y ha añadido que "en estos momentos el problema fundamental" de España y de Extremadura se llama empleo y "mala calidad" del empleo.

El socialista ha recordado que en Extremadura hay 160.000 parados, más de 90.000 desempleados llevan más de un año buscando trabajo "sin conseguirlo", 62.000 personas sin ningún tipo de prestación económica, y es una región, ha dicho, con unos índices de calidad del empleo "bajo mínimos, paupérrimos", donde el 80 por ciento de los contratos tiene una duración media de 20 días.

"En un escenario como éste no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar, de no utilizar las herramientas que permitan mejorar esta situación o corregir definitivamente esta situación", ha manifestado el portavoz de Empleo del Grupo Socialista.

En este sentido, ha indicado que entre enero y septiembre de 2013, el Gobierno regional adjudicó compras de bienes o de servicios a empresas extremeñas por valor superior a los 1.500 millones de euros. Según el socialista, cerca de 60.000 personas trabajaron contratados para empresas privadas para desarrollar esos bienes o servicios.

Para Miguel Bernal, con esta "potente herramienta el señor Monago no hizo nada para mejorar ni la empleabilidad de aquellos que más lo necesitan ni la calidad del empleo existente en las empresas a las que se les adjudicaba estos contratos".

Según ha manifestado, "el señor Monago se limitó única y exclusivamente a adjudicar al mejor postor, a aquel que decía que iba a cobrar más barato por el bien o el servicio, sin influir" en la cantidad y la calidad del empleo, ha concluido.