El Gobierno de Cantabria ha multado a una superficie comercial de la región con 3.000 euros por vender la leche a pérdida, según informa este sábado en nota de prensa.

Se trata de la última sanción impuesta por la Dirección de Consumo dentro de la campaña de inspección a grandes empresas de distribución puesta en marcha hace casi dos años para controlar el precio de venta al público de la leche.

En el marco de la misma se han impuesto ocho sanciones por esta práctica -tres en 2012, cuatro en 2013 y una en 2014- que han llegado en algunos casos hasta los 15.000 euros, siendo calificadas todas ellas como graves.

La última multa resuelta por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio es de 3.000 euros por venta con pérdida al público de una marca de leche fuera de los supuestos que recoge la Ley de Comercio de Cantabria.

En este sentido, el Gobierno recuerda que la legislación regional prohíbe vender un producto a un precio inferior al de adquisición según factura.

Y para asegurarse que se cumple la normativa, el Ejecutivo inspecciona desde septiembre de 2012 los establecimientos comerciales de grandes empresas de distribución, y controlar así el precio de venta al público de diversos tipos de leche.

El objetivo es "defender la libre y leal competencia entre todas las empresas distribuidoras, así como proteger los derechos de los ganaderos de Cantabria, evitando una caída de los precios que haga inviables sus explotaciones".

PROCEDIMIENTO

El procedimiento se sigue desde la Dirección de Comercio a instancias de la Dirección General de Pesca y Alimentación de la Consejería de Desarrollo Rural. Se visitan diversos establecimientos, hipermercados y supermercados, comprobando los precios de venta al público y las variaciones de éstos respecto a los de visitas anteriores.

Los resultados son enviados y comprobados por el Servicio de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria que, en vista del aumento o disminución de los precios en los distintos períodos observados, inspecciona aquellos establecimientos en los que se hayan producido disminuciones de precios, levanta acta con el PVP (precio de venta al público) en el momento de la inspección y se requiere la factura de compra.

Posteriormente, a la vista de esta factura, si el precio de compra por el comerciante a su proveedor es inferior al PVP, se inicia el expediente sancionador.