Los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria han reclamado este sábado en Santander, ante el Gobierno regional, "menos mentiras" y "más soluciones" a su problema, que llevan padeciendo desde hace "más de 20 años".

Lo han reivindicado ante la sede del Ejecutivo, donde ha concluido la X Marcha convocada por AMA (Asociación de Maltratados por la Administración) a la capital, y después de pasar también por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJC), el Parlamento autonómico, el Ayuntamiento de la ciudad o el Centro Botín.

Tras dos días de marcha, en los que, en total, cerca de medio millar de afectados han recorrido los 42 kilómetros -algunos a pie y otros en coches y autobuses- que separan Argoños de Santander, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha pedido a los afectados "que nadie se lleve a engaño" ante la propuesta ofertada por el Gobierno cántabro, que ha tachado de "mentira", y según la cual para finales de este año o principios del próximo "todas" las familias tendrán una solución.

Esta solución llegará, como especificó esta semana el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, a través de las autorizaciones provisionales para legalizar 449 viviendas, la sustitución de las que haya que derribar por otras nuevas o acudiendo a un arbitraje que determine el valor patrimonial, opciones todas ellas paralelas a la vía judicial.

Tras señalar que se trata de nuevas "palabras" y "promesas", como las "muchas" que les han hecho hasta ahora y que se han "incumplido", el portavoz del colectivo ha señalado que la "verdad" pasa por las sentencias dictadas por los tribunales, como la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que "nos quita dos tercios de nuestro patrimonio", pese al "compromiso" del Gobierno de que se iba a "respetar íntegramente", ha recordado.

Así, Vilela ha reflexionado que "una cosa" es "lo que nos dicen a los afectados" y otra la "realidad" de los procedimientos y fallos judiciales. Ante esto, ha admitido que AMA tiene un "problema de credibilidad" en el actual Gobierno, en el consejero del ramo y en su presidente, Ignacio Diego, que "hace año y medio" anunció que "en 2013 habrá una solución para todos los afectados". "Nunca un Gobierno nos había defraudado, mentido y engañado tanto", ha apostillado para censurar la "hipocresía" del Ejecutivo.

"Nos han metido hasta la saciedad, nos han engañado una y otra vez, nos han hecho tanto daño que tiene que pesar sobre sus cabezas y sus conciencias", ha añadido. Y es que, como ha proseguido, aunque les "han prometido el cielo", los tribunales han concluido que las administraciones "no tienen responsabilidad alguna", que no les tienen que "pagar los daños morales", o que "a las víctimas hay que quitarles su patrimonio".

Ni un solo céntimo

Respecto al Plan de Ejecución de sentencias de derribo del Gobierno, articulada en el principio de legalizar "todo lo que se pueda legalizar" y derribar lo que "no se pueda", los afectados han pedido que "no se derribe ni una (casa)" y no les quiten "ni un solo céntimo de lo que es nuestro", como ha expresado Vilela, que también ha solicitado "que se condene a los culpables".

Después de recordar que desde hace dos décadas "lo único que pedimos es justicia", el presidente de AMA ha añadido que si las administraciones "quieren legalizar" las casas con orden de demolición, "que lo hagan", pero que no estén "toda la vida prometiendo para no hacer nada", como ha insistido.

En consecuencia, y si no se soluciona su problema antes de que finalice 2014, la asociación de afectados ha avisado de que empezará a gestionar la posibilidad de volver al Parlamento Europeo, que ya ordenó -ha recordado- a los gobiernos de España y Cantabria a que solventara este problema.