El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha convocado para el próximo lunes 21 de julio a los alcaldes de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) y Vigo, Abel Caballero (PSdeG), junto al resto de los 13 alcaldes de la provincia que cuentan con partidos judiciales para hacer un frente común que pueda paralizar la reforma de la planta judicial impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en la Diputación, Louzán ha explicado que se tratará de una reunión de trabajo inicial en la que espera que haya una aportación por parte de los 13 regidores afectados y, a continuación, tiene intención de que se elabore un manifiesto en que se recojan las peticiones que se harán al ministro.

Este encuentro cumple con el acuerdo aprobado en el pleno de la Diputación del pasado 30 de abril en el que se decidió exigir por unanimidad la retirada de esta reforma judicial. Además, el acuerdo plenario también instaba a la Xunta de Galicia a reclamar del Gobierno del Estado el mantenimiento de los partidos judiciales de la provincia.

Los alcaldes de Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Caldas de Reis, Marín, Ponteareas, Tui, A Estrada, Cangas, Lalín, Redondela y O Porriño están convocados a la reunión del lunes.

"Éste es un caso en el que los intereses generales de los ayuntamientos y de la ciudadanía deben estar por encima de las legítimas diferencias políticas y por eso estoy seguro del interés de todos en llevar a cabo acciones y poner los medios precisos para mantener el actual mapa judicial de la provincia", traslada Louzán, en la carta remitida a los regidores.

Plan de control financiero

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Control Financiero de la institución provincial para las subvenciones que cada año concede.

Según ha explicado, trata de realizar una "auditoría in situ" sobre las subvenciones y los beneficiarios de las ayudas qué otorga la Diputación de Pontevedra "no sólo el control interno sino también contrastar con los beneficiarios del uso de la ayuda concedida".

Louzán ha señalado que en el año 2013 la institución provincial tramitó un total de 2.000 expedientes de subvenciones a asociaciones y entidades, con un volumen de gasto de 7,3 millones de euros.

"De esta auditoría de subvenciones, eliminaremos a los ayuntamientos porque ya tienen órganos de control externo para eso, como el Consello de Contas, y eliminaremos también las ayudas de menor cuantía, con lo que quedan un total de 264 entidades a auditar para el control financiero con un volumen económico de 4,5 millones de euros", ha señalado.

La medida "pretende profundizar no sólo en la transparencia de la institución y de las entidades con las que colabora, sino también comprobar el uso que se hace del dinero público".

Para incrementar y potenciar esta nueva iniciativa, la Diputación impartirá cursos de formación a directivos y responsables de asociaciones y entidades para informarlos de los distintos trámites y maneras correctas de tramitar y utilizar las subvenciones.

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