La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza de responsabilidad civil de 720.000 euros para un abogado imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a cuenta de su intervención en las ayudas recibidas por A Novo Comlink, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes consultadas han precisado que el abogado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido que se le imponga una fianza civil correspondiente al dos por ciento de la ayuda comprometida por la Junta.

En relación a A Novo Comlink, la juez sostiene que la empresa "pasaba por dificultades económicas, por lo que en el año 2004 se dirigía al presidente de la Junta y al consejero de Empleo en busca de soluciones para garantizar la continuidad de esta sociedad en Málaga", constando en el expediente el acta de una reunión el 20 de mayo de 2004 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, "a la que habrían asistido el presidente de la Junta —entonces Manuel Chaves—, autoridades laborales y los principales representantes sindicales".

En esta reunión "se acuerda establecer las líneas básicas para salvar la empresa a través de un plan de viabilidad, una mesa de negociación y la implantación de un plan de formación, y todo ello con el apoyo de la Junta", asevera la juez, que agrega que "la ausencia de procedimiento legal, de fiscalización previa, de la publicación de bases reguladoras, en definitiva, de todas las deficiencias señaladas respecto a los expedientes de ayudas tramitados por la Consejería de Empleo" investigados, "provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos a favor de A Novo".

A su juicio, en el caso de esta empresa malagueña se produjo un "dispendio in crescendo de los fondos públicos" que tuvo como "colofón" que fuera beneficiario de una póliza Manuel Jiménez de Miguel "por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla" y pese a que no habría prestado "servicios efectivos" para esta sociedad, garantizándose entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017.

La magistrada concluye que, "de los compromisos asumidos por la Junta y que ascendieron a 35,9 millones, serían efectivamente abonados por IFA/IDEA 35,2 millones con total ausencia de procedimiento".

También han comparecido este viernes ante la magistrada, por las ayudas a Altadis y A Novo Comlink, los exdirectores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valderde y el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz, todos los cuales también se han negado a declarar y para los que ni la Fiscalía ni el resto de acusaciones ha solicitado medida alguna.

Con estas comparecencias, la juez ha cerrado la ronda de declaraciones realizada durante la semana por las ayudas de la Junta a Altadis, la Sierra Norte de Sevilla, A Novo y Nueva Rumasa, en la que estaban citadas una treintena de personas, aunque algunas de ellas no han comparecido ante la juez al no haber recibido la citación, entre ellas el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, que ha sido nuevamente citado el próximo miércoles.

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