La Plataforma 'Mezquita-Catedral. Patrimonio de tod@s' ha elevado un informe a la Unesco en el que denuncia la "gestión excluyente y abusiva" de este monumento Patrimonio de la Humanidad, por parte de la Iglesia Católica, y "el grave incumplimiento de hasta cinco disposiciones del organismo internacional encargado de la custodia y protección de los bienes Patrimonio Mundial".

Según ha informado la plataforma, en el detallado documento remitido a la Unesco, que va acompañado de la entrega de 368.507 firmas de apoyo de otros tantos ciudadanos, se hace un análisis exhaustivo de los principios y preceptos que, en su opinión, han sido infringidos por el Obispado de Córdoba, "particularmente la supresión del término Mezquita y la destrucción de los valores islámico-andalusíes, principal seña de identidad del monumento".

Para la plataforma, "la gestión desleal de los últimos años contraviene las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, aprobadas por la Unesco el 2 de febrero de 2005, que obliga a los estados a vigilar la protección y correcta interpretación de sus valores, así como la divulgación, señalización y adecuada explicación de los mismos".

Concretamente, el párrafo 166 establece, según ha recordado la plataforma, que "para inscribir el bien con arreglo a criterios distintos a los empleados para la inscripción inicial deberá presentarse solicitud como si se tratara de una nueva propuesta". Además, según la plataforma, el párrafo 167 es aún más explícito, ya que prohíbe que "se modifique el nombre sin previa solicitud del Estado", y "ambas prescripciones han sido claramente incumplidas por el Obispado de Córdoba".

Por otro lado, "la actual gestión de la Mezquita-Catedral también quebranta la declaración de la Unesco relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural, de 17 de octubre de 2003", pues, en su apartado I establece que "la comunidad internacional reconoce la importancia de la protección del patrimonio cultural y reafirma su voluntad de combatir cualquier forma de destrucción intencional de dicho patrimonio". Y en su apartado II.2 entiende por destrucción intencional "cualquier acto que persiga la destrucción total o parcial del patrimonio cultural y ponga así en peligro su integridad".

Además, según el razonamiento de la plataforma, "la negación de la diversidad cultural y de los valores que se contienen en la Mezquita-Catedral, símbolo universal de concordia, supone una clara vulneración de la Declaración sobre Responsabilidades de la Generaciones Actuales, adoptada el 12 de noviembre de 1997".

Todo ello ha llevado a la plataforma a la conclusión de que "la visión sesgada, unilateral, confesional y discriminatoria de la Mezquita-Catedral por parte del Obispado se opone frontalmente al 'respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento mutuos' que la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, de 2 de noviembre de 2001, reconoce en su preámbulo".

Finalmente, "la apropiación simbólica y la adulteración de la esencia islámico-andalusí de la Mezquita-Catedral vulneran la Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales, de 26 de noviembre de 1976, cuando en su artículo cuatro establece que los conjuntos históricos y su medio deberían ser protegidos activamente contra toda clase de deterioros, en especial los resultantes de un uso inapropiado, aditamentos parásitos y transformaciones abusivas que dañan su autenticidad".

Por todo ello, la plataforma ciudadana solicita a la Unesco "que actúe de manera preventiva para evitar que esta gestión lesiva de la Mezquita-Catedral por el Obispado de Córdoba ponga en riesgo su declaración como Patrimonio Mundial y ocasione un daño irreparable en la identidad material e inmaterial de un monumento símbolo universal de diversidad".

La plataforma mantiene, por otra parte, su itinerario de gestiones ante las administraciones competentes en protección del patrimonio histórico andaluz, particularmente la Junta de Andalucía. Así, después de entregar documentación pertinente ante el Defensor del Pueblo Andaluz, el Parlamento autonómico y reunirse con sus tres grupos políticos, ahora tiene previsto solicitar un encuentro con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente, Diego Valderas, a quienes llevará su preocupación por el monumento cordobés.