Distintos sectores de la comunidad educativa andaluza, representada por Confedampa, CGT, Ustea, Plataforma de Interinos Docentes Andaluces,

Ampa ies pablo Neruda y Marea Verde se han reunido este jueves con técnicos del Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la implantación de la Formación Profesional Básica en Andalucía para el curso 2014/2015, porque la consideran "segregadora y clasista".

"La reunión ha sido muy positiva y han sido muy receptivos a esta problemática. Ahora toca esperar a ver que pueden hacer desde la Defensoría", señala a Europa Press una portavoz de los sectores que han participado en el encuentro. Según denuncian, la FPB, que viene a sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) como medida de atención al alumnado con dificultades para terminar la ESO, es una medida "segregadora y clasista", ya que "prácticamente impide que este alumnado pueda obtener el título de Graduado en ESO al final de sus estudios".

Asimismo, alertan de que se trata de "un callejón sin salida", por el hecho de que, en la práctica, "se impide" la continuidad del alumnado dentro del sistema educativo al "no proveerlo de las titulaciones mínimas exigidas para continuar estudios". Este alumnado, continúan, "no podrá obtener" el Graduado en ESO sin pasar por una "reválida" en la que parten en seria desventaja, pues su plan de estudios no los prepara para ello.

"La discriminación de este alumnado es, por tanto, evidente. Y máxime la de esta primera promoción, que terminaría su FP Básica en el 2016 cuando no hay reválida prevista hasta 2017, quedando un año excluidos tanto del mundo laboral como del académico"

Por tanto, la comunidad educativa advierte de que el alumnado "ha sido seleccionado de manera precipitada sin ni siquiera haber terminado el curso escolar y se ve abocado mediante un consejo orientador, sin apenas información a las familias, a aceptar un destino incierto, sin tener en cuenta su orientación vocacional ni su lugar de residencia, pues la oferta educativa es pírrica". "En idéntica inopia quedan los docentes cuya plaza desaparece o que serán trasladados a no se sabe qué centro educativo", añaden.

Por último, los sectores señalan que esta implantación, "arbitrada" y decidida a finales de curso "sin contar" con la comunidad educativa, "supondrá además la pérdida de miles de plazas escolares", y ello "a pesar de subir la ratio respecto a los actuales PCPI (que la Administración quiere asimilar sin serlo a esta nueva FP Básica) de 15 a 20 alumnos por clase". Así, manifiestan que la pérdida de calidad educativa "queda evidenciada al no poder dar la respuesta individualizada necesaria a las necesidades educativas que este alumnado con dificultades presenta".

De este modo, "nuevamente la labor docente queda comprometida por irresponsables decisiones políticas que en nada tienen en cuenta criterios pedagógicos a la hora de gestionar la Educación". Además, resulta "particularmente deplorable" que se imponga esta medida, teniendo en cuenta "las paupérrimas estadísticas que se registran en nuestra tierra en cuanto a pobreza infantil y desempleo juvenil, ya que la implantación de la FPB supone un claro ataque a las condiciones académicas y laborales de los sectores de población más desfavorecidos socioeconómicamente".

Por último, señalan, además, que el grueso de las plazas escolares perdidas "se producen fundamentalmente en la oferta de Educación Pública, pues las plazas escolares concertadas sufren escasos o nulos recortes".