El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará mañana si archiva o da continuidad a la causa en la que se investiga el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, entre ellas el jesuita vallisoletano Segundo Montes, el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, en aplicación de la limitación de la justicia universal impulsada por el Grupo Popular en el Congreso.

También analizará el cierre decretado por el juez Ismael Moreno de la investigación por delitos de genocidio y lesa humanidad contra cuatro responsables nazis del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por abusos cometidos entre 1942 y 1945 en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300.

En cuanto al 'caso Ellacuría', los magistrados abordarán el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez Eloy Velasco de dar continuidad a la causa. Velasco retiró los delitos de lesa humanidad que atribuyó a los 13 exmilitares salvadoreños procesados para continuar instruyendo el procedimiento por el asesinato terrorista de los cinco religiosos que eran españoles.

El instructor elevó una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que fuera éste quien determine si el juicio que se celebró en el país centroamericano fue "un mero fraude" y "una formalidad para aparentar la realización de una justicia que no fue tal".

Además, consideró "ilógica" la Disposición Transitoria Única incluida en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga al sobreseimiento de todas las causas que no cumplan los nuevos requisitos que limitan la justicia universal.

La medida, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.

En mayo de 2102 la Corte Suprema Justicia de El Salvador rechazó la entrega de los 13 exmilitares sospechosos de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y sus dos empleadas domésticas. Los exmilitares procesados son el ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández, y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.

Superviviente español

En cuanto a la querella por el genocidio nazi, presentada por un superviviente español del Holocausto y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración, los magistrados deben decidir si archivan de forma definitiva el procedimiento contra los cuatro responsables nazis investigados.

Las víctimas les acusan del asesinado sistemático de, al menos, 4.460 ciudadanos españoles en los campos de concentración de Mauthausen (Austria) y Sachsenhausen y Flossenbürg (Alemania) entre 1940 y 1945. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Washington ha retirado la nacionalidad a al menos uno de ellos tras conocerse su pasado nazi, por lo que podría ser extraditado a España.