El Ayuntamiento de Gijón está estudiando las fórmulas para desbloquear todas aquellas subvenciones, convocatorias de ayudas o programas afectados por la Ley de Reforma Local. El Gobierno Local, en este caso, prevé que la solución pase por la firma de una Resolución de Alcaldía ya sea de manera conjunta o individual, especialmente de lo más acuciante como pueda ser la subvención al Conseyu de la Mocedá, promoción económica o empleo.

El anuncio viene dado tras la publicación del decreto del Principado sobre la aplicación de esta Ley, cuyo contenido, según el concejal de Hacienda, Alejandro Roces (Foro), "no cambia nada" dado que desde los servicios técnicos y de Intervención Municipal se ratifican en la necesidad de que el Gobierno regional se pronuncie sobre la petición de los informes solicitados hace más de un mes para que el Ayuntamiento pueda seguir desarrollando competencias de las consideras impropias.

Los informes a los que se refiere afectan a Promoción Económica y Desarrollo Económico; las becas de segundo ciclo de Educación Infantil; Promoción Económica y Empleo; Juventud, educación y promoción de la lengua asturiana; e Igualdad entre hombres y mujeres.

En la solicitud del Ayuntamiento se dejaba claro, tal como exige la Ley, que no hay duplicidad en el servicio prestado y que el Consistorio tiene suficiencia financiera para llevarlo a cabo. Roces ha incidido en que aún esperan una respuesta más de un mes después de la última solicitud.

Pese a ello, el Equipo de Gobierno está a la espera de que desde el Servicio de Intervención del Ayuntamiento se dé luz verde a la forma de llevarlo a cabo, siendo lo más probable la Resolución de Alcaldía. De hecho, Roces ha recalcado que ya está todo preparado y que se podrá convocar el plan de empleo y pagar a las asociaciones, por lo que ha señalado que el pago sería inmediato.

Esto sería posible de acuerdo al artículo 4.1. del decreto, que dice: "En los supuestos en los que los concejos, en ejercicio de competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación, presten servicios que ya ejercían con anterioridad a la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, no será necesaria la solicitud de los informes a los que se refiere el párrafo anterior siempre que, previa valoración del propio concejo, cuenten con la cobertura presupuestaria suficiente y no incurran en duplicidad".

Sobre el hecho de que otros municipios como Avilés u Oviedo no hubiesen esperado a la publicación del decreto para desbloquear la financiación de programas afectados por la Reforma Local, ha apuntado de que son conscientes de que incumplieron la Ley y "han tirado para adelante", ha apostillado. "Cada uno es responsable de sus actos", ha indicado, antes de matizar que Gijón prefirió no ir en contra de la Ley. "El Ayuntamiento de Oviedo no creo que esté en las mismas circunstancias que Gijón", ha apuntado no obstante.

Paralización de la ciudad

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Santiago Martínez Argüelles, ha recalcado que, visto el decreto, no era un problema de legalidad sino de voluntad política, algo que ha asegurado que no tiene Foro. "Curiosamente el mundo se para donde gobierna Foro", ha remarcado.

A este respecto, ha resaltado que la "coartada" del decreto ya no existe, por lo que ha exigido al Gobierno Local que se mueva y ponga en marcha todo lo que tenía paralizado, como es el pago de la subvención al Conseyu de la Mocedá. "No hay más disculpas", ha recalcado.

Asimismo, ha pedido que se convoque a las asociaciones pendientes de pago y se articulen los plazos para la concesión de ayudas, ya que puede haber "sorpresas", según él, de tener que justificar los gastos con muy poco tiempo. Es por ello, que ha señalado que el Ayuntamiento debería tener la sensibilidad suficiente para marcas plazos "realistas" para la justificación de los proyectos financiados por el Ayuntamiento.

Unido a ello, ha bendecido la publicación del decreto y ha justificado la tardanza del Gobierno regional al querer dotar de seguridad jurídica al mismo, observando lo que hacían otros gobiernos del PP y viendo la respuesta del Gobierno central.

El decreto, según él, desbloquea "todas las excusas" utilizadas por el Ayuntamiento para impedir la concesión de ayudas y la ejecución de políticas que habían sido desarrolladas durante muchos años, actividades que sí siguieron desarrollando otros municipios asturianos como Avilés y Oviedo, uno gobernado por PSOE y otro por PP.

A juicio de Argüelles, la paralización hecha por Foro afectaba desde el riesgo de supervivencia de la Agencia Local de Empleo hasta todas las ayudas a entidades juveniles, acciones en políticas de igualdad, otras actuaciones de servicios sociales y algunas cuestiones del ámbito educativo y cultural.