Cantabria es la cuarta comunidad autónoma con mejor nota en junio en desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, al lograr 5,4 puntos, la cuarta más alta y 0,79 puntos por encima de la media nacional (4,61), si bien es una de las que mayor retroceso ha sufrido respecto al último índice, el del pasado diciembre cuando tuvo un 6,3, según el XIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia.

A pesar de ser de las que más ha caído, junto Cataluña y Galicia, solo es superada por Castilla y León (9,6); País Vasco (8,3) y La Rioja (6,3). Cantabria lleva en cuarta posición desde el índice de junio de 2013.

En el XIII Dictamen, presentado este martes hay once comunidades autónomas que suspenden en el tratamiento de la dependencia, que son Valencia, Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid, Navarra y Cataluña.

A la hora de realizar la escala de valoración del desarrollo de la Ley, el Observatorio tiene diferentes variables como las personas atendidas sobre el total de población; las solicitudes sobre el total de población; los dictámenes; las personas pendientes de prestación de servicio; el equilibrio entre las prestaciones y los servicios; la integración de la red local de servicios sociales; el incremento de personas atendidas en los últimos doce meses; la aportación de cada comunidad por habitante y año; el incremento o pérdida de expedientes de grado III; la innovación y buenas prácticas; la información en tiempo real y el modelo de seguimiento.

En cada una de estas variables el Observatorio concede un 1 como máxima puntuación y un cero como mínima puntuación, y Cantabria obtiene un 1 en seis de ellas, un 0 en cinco y un 0,5 en una.

El 1 lo obtiene en personas beneficiarias sobre el total de la población; solicitudes sobre el total de la población; los dictámenes sobre el total de la población, en porcentaje de personas con derecho reconocido pendientes de atención y gasto público en dependencia por persona y año, una baremo este en el que Cantabria es la comunidad que más dedica (180 euros) frente a los 109,6 de media en España.

En uno de los aspectos es puntuada con un 0,5 en el apartado relativo al equilibrio entre servicios y prestaciones económicas ya que la proporcion de personas que las reciben sobre el total de atendidas supera el de la media nacional (un 58,5% frente al 53,7% de la comunidad autónoma).

Las cinco cuestiones en las que suspende es integración efectiva en la red de servicios sociales básicos; en incremento interanual de personas atendidas, un 4,95 por ciento menos; en innovación y buenas prácticas; en sistemas de información en tiempo real, y en seguimiento sistematizado.

Según este último informe, siete comunidades mantienen la misma puntuación que hace seis meses, concretamente se trata de Castilla y León (9,6), País Vasco (8,3), La Rioja (6,3), Castilla la Mancha (5,4), Extremadura (5,4), Murcia (5), Asturias (3,8); mientras que bajan seis, Cantabria (de 6,3 a 5,4), Andalucía (de 5,8 a 5,4), Cataluña (de 5,4 a 4,6), Navarra (de 5 a 4,6), Galicia (de 5 a 3,8), Aragón (de 3,8 a 3,3).

Por contra, la nota crece en cinco comunidades autónomas aunque ninguna de ellas obtiene el aprobado. Aún así, la puntuación crece en Madrid, de 4,2 a 4,6; Baleares, de 2,9 a 3,3; Ceuta y Melilla, de 1,3 a 1,7; Canarias, de 0,8 a 1,3 y Comunidad Valencia, de 0,4 a 1,3.

Esto lleva al Observatorio a asegurar que "se mantiene invariable el empecinamiento" de algunas comunidades autónomas en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla, lo que pone a sus ciudadanos "en una situación de desprotección". Las comunidades con calificación muy deficiente son Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Aragón, Ceuta y Melilla.

Asimismo, el informe, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se refiere a los "graves desequilibrios" que existen entre los territorios y a cómo se aprecia "la voluntad de los gestores autonómicos" por atender mejor las necesidades de las personas dependientes de su ámbito.