En concreto, el proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se tramitará por el procedimiento de urgencia y que modifica un total de 44 normas para la ejecución y desarrollo de las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero para reordenar la Administración y que, junto algunos aspectos de la Ley de Ordenación del Territorio, se cifraron en 311 millones de euros.

Este proyecto de ley se estructura en tres bloques que afectan a los recursos humanos y a la simplificación y organización de una administración "más eficaz, más ágil, más modernizada y mejor adaptada a las necesidades del siglo XXI".

Las medidas referentes a recursos humanos buscan regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública y simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo -RPT- y plantillas que se realizará por acuerdo de la Junta y no por decreto, como hasta la fecha.

También se prevé adaptar cuestiones del personal sanitario a personal funcionario, donde se abre la posibilidad de cesar a titulares de puestos de libre designación, si bien en los sanitarios se mantiene la duración máxima de cuatro años en esos puestos, aunque puedan repetir, con el mantenimiento de retribuciones en caso de que accedan a puestos directivos.

Otra de las novedades es que se posibilita el cambio de horario de mañana del personal sanitario de atención primaria, siempre previa negociación.

Con las medidas de simplificación se regula en 24 normas la reducción de sanciones en un 50 por ciento si se abona la sanción en el plazo de 30 días desde la propuesta de resolución, en lo que De Santiago-Juárez ha equiparado con el pronto pago de las multas.

Por otra parte, se solicitará por parte del PSOE la devolución del proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana que apuesta por una ciudad "compacta" y favorece el desarrollo sostenible, además de avanzar en la simplificación de la tramitación administrativa.

Según explicó consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, esta norma incide en avanzar en una ciudad consolidada frente a la dispersión, así la norma establece la posibilidad de que unos terrenos clasificados como suelo urbanizable pudieran retornarse a suelo rústico.

Esta acción se centra en la apuesta de la Ley por el crecimiento compacto de las ciudades, ya que esta situación "favorece" un urbanismo de proximidad en cuanto a la movilidad y a la garantía de los transportes.

La Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo establece nuevos objetivos en cuanto a la estrategia para el desarrollo de las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI, así, el texto fija medidas complementarias de sostenibilidad, coordinación, simplificación y movilidad.

Para el consejero esta ley supone un cambio "cualitativo" en cuanto al concepto de las ciudades haciendo más "vivibles" los barrios y las viviendas y favoreciendo una gestión administrativa "eficaz y eficiente" que redunde en el beneficio de las personas.