El diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha anunciado este lunes que deja el acta de diputado y que abandona definitivamente la Secretaría General de CDC, de la que se apartó provisionalmente tras ser imputado en el caso de las ITV.

En un comunicado, ha dicho que ambas decisiones son irreversibles y las toma para que el próximo período de sesiones en el Parlament y el próximo curso político arranquen "con el orden, liderazgo y personas que CDC necesita para poder dar la máxima garantía de que el proceso -soberanista- saldrá bien".

"Soy consciente de que nos vienen meses donde nos hace falta mucha fortaleza interior, mucha cohesión, mucho convencimiento para continuar la tarea empresa, especialmente en el proceso nacional y en la capacidad y voluntad de hacer efectivo el derecho a decidir de los catalanes", ha afirmado.

Pujol afirma que ha llegado el momento de acabar con la situación de "interinaje" que vive el partido y de forma que los máximo órganos del partido y su Consell Nacional puedan acordar una nueva estructura y nuevas responsabilidades en el partido.

Tras conocer el anuncio de Pujol, CDC ha manifestado respeto por la decisión y ha convocado una ejecutiva extraordinaria para esta noche con el fin de preparar el relevo.

La cúpula de CDC presentará al Consell Nacional del partido del próximo 6 de septiembre una nueva dirección "estable y duradera", de la que no se han concretado nombres, con la idea de que se mantenga hasta el congreso de 2016, descartando así celebrar uno extraordinario tras la salida de Oriol Pujol.  "La propuesta va más allá de una única persona, es plantear una nueva estructura dentro de los límites de los estatutos del partido", ha explicado hoy el secretario de Organización de CDC, Josep Rull.

Tras ser imputado en marzo de 2013, Pujol delegó temporalmente las atribuciones de secretario general de CDC en el secretario de Organización, Josep Rull, y el vicesecretario general de Coordinación Institucional, Lluís Corominas, mientras que traspasó la Presidencia de CiU en el Parlament a Jordi Turull, quedando como diputado raso y sin cargos en el partido.

Fue una decisión temporal con la intención de recuperar las atribuciones si dejaba de ser imputado, pero Pujol ha afirmado este lunes que esta provisionalidad "ha sido y podría seguir siendo demasiado larga".

La pérdida de la condición de aforado de Oriol Pujol, por su renuncia al escaño, provocará que el caso de las ITV,  en que Oriol Pujol está imputado por cohecho y tráfico de influencias. que investiga el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Enric Anglada regrese al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que fue el que inició la investigación.

Se está a la espera del informe que el TSJC encargó a la Agencia Tributaria para averiguar si el diputado y su esposa Anna Vidal percibieron ingresos irregulares ajenos a su actividad profesional, tanto financieros como patrimoniales, entre los años 2007 y 2009.

Además del informe patrimonial, el juez Enric Anglada requirió el pasado mes de mayo a Hacienda que le remitiera una copia de las declaraciones de renta presentadas por el diputado de CiU y por su esposa en los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009.

Todavía no consta que el magistrado del TJSC tenga en sus manos el resultado de esas diligencias, aunque hace unos quince días la Agencia Tributaria le remitió otro informe que concluía que Anna Vidal encubrió el pago de comisiones a su marido mediante la facturación de servicios inexistentes a la empresa que administraba un amigo, en un "modus operandi" que se prolongó al menos durante cinco años.

Oriol Pujol fue imputado inicialmente en marzo de 2013 por tráfico de influencias en el caso de las ITV, ante los indicios de que utilizó su influencia para intentar amañar el mapa de estaciones de vehículos en Cataluña en beneficio propio y de un grupo de empresarios allegados.

Justo un año después, el TSJC amplió la acusación a un delito de cohecho por las sospechas de que, a través de su esposa, el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol cobró presuntamente de la trama a cambio de votar a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial que tramitaba el Parlament.