Cinco familiares han solicitado al juzgado no ingresar en prisión por el delito de lesiones al que fueron condenados —a un año— al alegar que no han podido hacer frente a las indemnizaciones fijadas, de un total de 11.449,8 euros, al subsistir todos ellos con una pensión única de 426 euros, según consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Para evitar el ingreso en prisión, la ley establece que se deben cumplir tres requisitos: que el condenado haya delinquido por primera vez —no se tienen en cuenta anteriores condenas por delitos imprudentes ni antecedentes ya cancelados—; que la pena impuesta no sea superior a dos años; y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles.

Este tercer requisito expuesto es necesario para evitar la prisión salvo que el juez o tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al ministerio fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las responsabilidades impuestas.

Estas cinco personas, que fueron condenadas este año por unos hechos que tuvieron lugar hace nueve años, alegaron tras la sentencia la imposibilidad de hacer frente al pago de la responsabilidad civil e interesaron la suspensión del ingreso en prisión. Frente a esta solicitud, el juez dictó un auto en el que estimó que ninguno de los penados mostró voluntad alguna de pagar las indemnizaciones "pese a habérseles hecho los apercibimientos oportunos". Además, señalaba que uno de los condenados no es delincuente primario, según se desprendía de su hoja histórico penal.

Frente a esta decisión, los condenados han vuelto a presentar un escrito en el juzgado en el que señalan que el pago es "completamente imposible", puesto que "no se trata de que los condenados no hayan realizado esfuerzos o hayan mostrado voluntad de pago, es que no pueden pagar de ninguna manera, salvo que se conceda un aplazamiento a 30 años o más".

Así, continúa su abogado Emilio Pérez Mora en el escrito: "el esfuerzo que realizan mis defendidos, lo realizan para sobrevivir cada mes, conviviendo todos ellos bajo un mismo techo y subsistiendo de la pensión que recibe una de ellas, toda vez que el resto ni trabaja ni es beneficiario de ninguna prestación".

"La triste realidad de mis patrocinados —agrega— es que actualmente subsisten con 426 euros al mes para todos ellos, lo que hace simple y llanamente inviable el abono de la indemnización fijada en sentencia para los lesionados, en tanto en cuanto no mejore su fortuna". En esta línea, el letrado valenciano recuerda que debe tenerse en cuenta que los hechos se remontan a nueve años atrás, y que en caso de no estimar sus alegaciones "supone encarcelar a unas personas por ser pobres de solemnidad". Por ello, vuelve a pedir al juzgado la suspensión de la pena.

Hechos de 2005

Estas cinco personas fueron condenadas por una pelea en la que participaron el 28 de mayo de 2005 en la localidad valenciana de Picanya, en la que otras dos personas se personaron en su domicilio y les amenazaron con que los iban a matar por el incidente que había tenido lugar unos días antes relacionado con los hijos de ambos. Portaban un hierro y una navaja.

Los condenados bajaron a la calle y agredieron a estas dos personas con un palo de escoba y un hacha. Tras ello, se personó en el lugar la Policía Local y ante ellos, los heridos les dijeron: "ya os enteraréis, aquí va a haber tiros, que yo tengo un hierro", y a un agente le indicó: "eres un chulo, te voy a quitar el traje, ya te iré a buscar".

Como consecuencia de la agresión, uno de los heridos sufrió un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones por las que tardó en curar 120 días, quedándole como lesiones cefaleas, vértigos y ligeras alteraciones de memoria; y otra herida sufrió posible fractura de escafoides izquierda y contusión costal.

Los acusados aceptaron los hechos que se les imputaba y el juez les condenó a la pena de un año de prisión por dos delitos de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, les fijó un total de 11.449,8 euros para los dos heridos. También condenó a los lesionados a pagar una multa por una falta contra el orden público.