Alaya comienza este lunes una nueva ronda de declaraciones con 16 nuevos imputados como el exlíder de UGT-A

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares comenzará este lunes una nueva ronda de declaraciones con 16 nuevos imputados en la causa, entre ellos el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis, según un auto consultado por Europa Press.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares comenzará este lunes una nueva ronda de declaraciones con 16 nuevos imputados en la causa, entre ellos el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis, según un auto consultado por Europa Press.

La magistrada Mercedes Alaya ha citado durante la semana tanto a los 16 nuevos imputados como a otras personas que ya estaban encausadas, como son los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exparlamentario del PSOE-A Ramón Díaz, o los exdirectores generales de IDEA Antonio Valverde, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.

En concreto, la instructora ha citado este lunes a cinco nuevos imputados y al exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, más conocido como 'Pizo' Gómez e imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros, a fin de celebrar una comparecencia de medidas cautelares de naturaleza real.

Además, este lunes comparecerá ante la magistrada Rafael Ávila y José Enrique Contreras, gerente del IFA en Sevilla entre los años 2002 y 2004, por su vinculación con la estructura societaria del 'tándem' de la Sierra Norte formado por José María Sayago y José Enrique Rosendo.

La juez dice que estos dos últimos, "con el fin de que sus figuras quedaran diluidas, habrían interpuesto en los órganos sociales de algunas de sus empresas a determinadas personas que se habrían prestado para ello" y que, así, "habrían participado en la obtención de subvenciones con cargo a los fondos públicos andaluces con total ausencia del procedimiento legal establecido".

Asimismo, y en relación a Dhul, Alaya cita a declarar este lunes a Mario Augusto Montecatine, jefe de Seguimiento a la Inversión de la Caja Rural de Granada, y a María de la Cruz Ruiz, jefe de Créditos de esta misma entidad.

La magistrada relata que, "necesitada de fondos adicionales de más de dos millones de euros" y "ante un primer fracaso de ampliar la póliza que cubrió" el ERE de 2002, Dhul "suscribiría finalmente un préstamo con la Caja Rural de Granada para financiar el supuesto sobrecoste en el plan de prejubilaciones".

"Para allegar fondos para abonar dicho préstamo, se concertó una póliza con Vitalicio en la que figuraba como asegurado Álvaro Ruiz Mateos y beneficiario Caja Rural de Granada, póliza que no llegaría a formalizarse", dice la juez, que hace mención a una segunda póliza suscrita el 17 de abril de 2007, siendo tomador la Dirección General de Trabajo y beneficiario Caja Rural de Granada, "de forma que este contrato de seguro sería en realidad un instrumento de transferencias de fondos realizado bajo la apariencia de seguro".

A lo largo de la semana, también comparecerán ante la juez Alfonso Ruiz-Mateos, el sexto hijo del empresario jerezano imputado en la causa, y los líderes de UGT y CCOO que firmaron en diciembre de 2004 el compromiso de pago de la Junta a Altadis, entre ellos, además de Fernández Sevilla, su compañera de sindicato Blanca Uruñuela; Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, o el también sindicalista de CCOO Antonio Perianes.

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