La portavoz del Equipo de Gobierno, Consuelo García, ha reiterado que "el Ayuntamiento de Cuenca está dispuesto a ayudar a la Diputación a prestar el servicio de extinción de incendios, a pesar de que es su obligación" pero ha insistido en que "las Leyes aprobadas por Mariano Rajoy impiden colaborar por menos de lo que cuesta la prestación del servicio".

La edil socialista ha recordado que "la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha dado la razón al Consistorio al afirmar que la obligación de atender a todos los pueblos de la provincia es exclusivamente de la Diputación Provincial de Cuenca y que es esta institución la que tiene que buscar las fórmulas para hacerlo de la forma más eficaz posible", ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

García ha explicado que una de esas fórmulas puede ser conveniar con el Ayuntamiento de Cuenca, "que está dispuesto a colaborar", pero ha señalado que "para que podamos hacerlo la Diputación tiene que pagarle al Ayuntamiento lo que cuesta el servicio que le presta (alrededor de 200.000 euros según los técnicos municipales) porque así lo dicen las leyes aprobadas por el PP".

Asimismo, ha insistido en que "las condiciones de ese convenio no las fija el alcalde, sino la Ley" y se ha referido al informe de 2 de abril de 2014 de la Secretaria General del Ayuntamiento. Dicho informe recoge que, según las leyes aprobadas por el Gobierno de España, "la aportación económica que el Consorcio tiene que hacer al Ayuntamiento de Cuenca tendría que ser el equivalente al coste real del servicio municipal que se va a prestar al Consorcio".

Concretamente, cita el artículo 7.4 de la Ley de Régimen Local que sólo permite a los municipios ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación "cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

"Ese convenio se venía firmando por 60.000 euros y el ex alcalde Pulido llegó a pedir 600.000 euros, razón por la que no se renovó en diciembre de 2010. Sin embargo, ya no caben las decisiones políticas. La Ley dice por cuánto dinero se tiene que firmar, que es por el dinero que cuesta", ha aseverado García.

Del mismo modo, considera que "el problema no es económico, sino de voluntad política, pues el Consorcio 112 se ha gastado este año 600.000 euros en material para los parques de Motilla del Palancar y Tarancón y además cobra tres euros por habitante a esos pueblos por la prestación del servicio".

García ha advertido que el Consorcio 112 "tiene un problema muy grave pues tiene la obligación de prestar el servicio de extinción de incendios y en una parte de la provincia no puede asegurar un tiempo de respuesta adecuado", por lo que ha urgido a Algaba a "buscar soluciones en lugar de atizar la polémica". Así, ha acusado a Algaba de "estar demorando la solución a un problema muy grave con tal de no perder la oportunidad de atacar políticamente a Juan Ávila".

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