El sindicato UGT ha calculado que a finales de agosto o principios de septiembre se podrá conocer si el Tribunal Supremo (TS) ha admitido o no a trámite el recurso que la Junta presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obligaba a readmitir a los interinos despedidos en agosto de 2012.

Así lo ha expresado este viernes la responsable de

Fsp ugt, Beatriz Tormo, a preguntas de los medios durante una concentración, en la que también ha estado presente CCOO, para pedir que se convoque la Mesa General de Negociación de la Administraciones Públicas.

Tormo se ha mostrado convencida de que el Supremo no admitirá a trámite el recurso de la Junta, ya que existe otra sentencia de este órgano judicial que dice que la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración no es una disposición general, sino que se refiere a la vía administrativa.

Al tratarse de la vía administrativa, según Tormo, el Tribunal Supremo no tendría que ocuparse de este asunto y tendría que acabar en Castilla-La Mancha, teniendo el Ejecutivo que readmitirse a los interinos que fueron despedidos

De admitirse a trámite el recurso del Gobierno regional, el Supremo tendría que dictar sentencia y hasta que esto se produjera pasaría entre un año y medio y dos años, hecho que alargaría el proceso e incrementaría los costes económicos, ha explicado la portavoz de UGT.

Además, ha precisado que, al no estar readmitidos estos trabajadores, el proceso está generando un coste para la Administración de 15.000 euros diarios —según los cálculos de UGT— durante los dos años que han pasado desde que fueron amortizadas estas plazas, y que se podrían convertir en cuatro si el Supremo admitiera el recurso de la Junta y dictara sentencia.

Tormo considera que "lo mejor" es que estas personas sean readmitidas, decisión que también sería beneficiosa para las arcas públicas de la región.

Reclaman mesa de negociación

Tanto la portavoz de UGT como el de CCOO, Ramón González, han reclamado a la Administración central y regional que convoquen la Mesa de la Negociación de las Administraciones Públicas, que no se ha convocado desde que comenzó esta legislatura. "Todos los recortes se han aprobado por Real Decreto, no ha habido negociación", ha asegurado Tormo.

Por su parte, González ha indicado que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, tiene que convocar esta mesa porque Castilla-La Mancha ha sido la Comunidad autónoma donde "más se ha destrozado el sector público" con 10.000 empleos perdidos en este ámbito.

La portavoz de UGT ha señalado que las mesas de negociación que se han convocado en Castilla-La Mancha sólo se han fijado "para destrozar empleo y no para crearlo".

Por ello, se ha convocado una concentración en Toledo el próximo 15 de julio a las puertas de la Delegación del Gobierno para reclamar un proceso de negociación real que afecta a los trabajadores públicos de la región.

Acto en albacete

También medio centenar de delegados sindicales de CCOO, UGT y de CSI.F se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Albacete para "reivindicar que se dé un impulso a la negociación colectiva en las Administraciones Públicas", ha manifestado a los medios la responsable de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de CCOO, Carmen Juste.

Los empleados públicos "hemos hecho esfuerzos muy importantes" durante la crisis y ahora, cuando empiezan a conocerse datos que muestran una mejoría económica, "es el momento adecuado para retomar la negociación colectiva" y que los recortes aplicados sobre este sector "reviertan".

Por ello, Juste ha planteado que "que se abra la mesa de negociación a nivel estatal" para que se propicie un acuerdo que permita a los empleados públicos de las administraciones "recuperar los derechos perdidos".

En el manifiesto que los tres sindicatos han elaborado para la ocasión, las reivindicaciones recogidas pasan por aumentar el volumen neto de empleo público estable, propiciar incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo y la recuperación de lo detraído desde mayo de 2010 y que se incluyan en los convenios medidas de estabilidad.

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