El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Pérez, ha dejado claro que el sistema "funciona" en relación a la familia del Tardón que se preveía que fuera desalojada de un piso particular en alquiler y que ha sido realojada temporalmente en un hostal, tras haber recibido ayudas durante siete meses del Ayuntamiento para el pago del alquiler.

En rueda de prensa, Pérez ha dejado claro que el Consistorio ha adjudicado 123 viviendas de acuerdo al baremo social, de las que 50 se han puesto a disposición de este baremo, mientras que la Junta de Andalucía "sólo ha puesto una en 2014 y otra en 2013". A esto, suma que el Consistorio ha cambiado de venta a alquiler alrededor de 150 viviendas municipales.

"Me da mucho coraje que se haga sedición pública de algunos casos porque ¿qué pasa con los otros?", afirma, lamentando el "exhibicionismo" en algunas ocasiones y mencionando que en el caso de la familia del Tardón ocupa el puesto 76, existiendo "más de 70 familias por delante con problemas y dramas". Recuerda que actualmente se pueden pedir ayudas de alquiler y aspirar a viviendas de forma conjunta, algo que asegura que antes no se podía.

Ha defendido los "ofrecimientos lógicos" que se han hecho a esta familia, detallando que cuando se propone que vaya al albergue es a un módulo aparte que existe, con cocina incorporada y salida independiente, para garantizar la situación del menor.

Pérez ha dejado claro que cada piso municipal que actualmente se encuentra vacío tiene "nombre y apellidos", detallando cuando existen unos bloques en venta es necesario que todo el listado de solicitudes para su compra sea preguntado por si quieren acceder a un piso o lo rechazan para garantizar sus derechos, por lo que hasta que se termina ese proceso el inmueble no puede ser pasado a alquiler.

"El cambio automático para que entren las personas de baremo social sin terminar el listado sería ilegal", matiza, agregando que actualmente se ofrecen ayudas para el notario o para la entrada, pudiéndose pagar en algunos casos hasta 30 euros de máximo en caso de necesidad de la familia.

De este modo, indica que si esa familia trianera continúa el proceso y no cambian sus condiciones económicas podrían tener acceso a una de estas viviendas sociales, una situación ante la que critica que la Junta de Andalucía "manda personas que necesitan viviendas pero no aporta pisos". "No se puede jugar con los sentimientos de estas personas", concluye.

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