El fiscal declara falso un documento de la denuncia del PP por las obras de la calle en que vive el alcalde de Ourense

La edila de Urbanismo pide al regidor que dé orden de denunciar al portavoz de Democracia Ourensá por "amenazas" a funcionarios

El fiscal jefe de Ourense decretó la falsedad de un documento que forma parte del expediente de las obras de urbanización en la calle Clara Corral Aller, en la que vive el alcalde Agustín Fernández, denunciadas por el PP por estar aprobadas en una junta de gobierno en la que participó el regidor como edil de hacienda y pagadas con dinero público del 'Plan E'.

Fernández ha dado a conocer este jueves el decreto de Fiscalía, que incluye el acuerdo de archivar la denuncia presentada por la concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, que públicamente acusó al PP y en concreto, a su portavoz Rosendo Fernández, por posibles delitos de "falsedad documental y suplantación de personalidad".

El documento falso llegó al Ayuntamiento de Ourense por el registro municipal en abril de 2011 y, supuestamente, era obra de uno de los vecinos de calle de Agustín Fernández, para alegar el mismo trato que él a la hora de recuperar el aval bancario que tuvo que depositar mientras no se urbanizaba la vía en la que viven ambos, Clara Corral Aller.

En el decreto, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal Florentino Delgado sostiene que la investigación desarrollada permite concluir que el supuesto firmante no hizo el escrito de 2011 por lo que el documento "es falso pero ni se constató en el registro ni hay indicio de quién lo presentó".

Indica también que, a pesar de todo, "el Ayuntamiento nunca dio respuesta a las supuestas alegaciones del documento" y que, una vez "sentada la falsedad del documento", no fue posible determinar la autoría, pues de ello no existe "ni tan siquiera indicio mínimo de cualquier tipo", una vez vistas las alegaciones presentadas por Rosendo Fernández, que fue acusado públicamente por la edila Áurea Soto.

Alcalde contra pp

El fiscal, en el mismo decreto de comienzos de julio, acuerda el archivo de las diligencias abiertas por la denuncia de la concejala de Urbanismo.

El documento considerado falso por el fiscal forma parte de la denuncia presentada por el PP ante la fiscalía de Ourense en marzo sobre la urbanización en 2009 de la calle en la que vive el entonces edil de hacienda y ahora alcalde Agustín Fernández, tras adjudicarse las obras en una junta de gobierno en la que participó, como proyecto pagado con dinero público del proyecto estatal 'Plan E'.

Fernández se ha preguntado a quién benefició el documento falso. "¿Quién se aprovechó de la comisión de los posibles delitos de falsedad documental y suplantación de personalidad?", ha apuntado.

"Quiero recordar que este documento falso originó una revisión, sin precedentes en este Ayuntamiento, de la situación administrativa de la calle en la que está la casa del alcalde y la denuncia del PP en fiscalía", ha señalado.

Según Fernández, alguien tuvo que beneficiarse de que se iniciase "una cacería a este alcalde con la única finalidad de derribar este gobierno". Así, se ha preguntado también por la trascendencia que puede tener lo ocurrido en los expedientes penales y administrativos que se están tramitando, en alusión a las variadas denuncias presentadas por PP y DO por diferentes intervenciones municipales en obras, edificios o contratos.

"No voy a cejar hasta saber quién lo hizo y quién lo tramitó, y mis preguntas van especialmente dirigidas al portavoz del PP, Rosendo Fernández", ha aseverado.

Edila contra jácome

Por su parte, en otra rueda de prensa durante la mañana, la edila de urbanismo, Áurea Soto, compareció ante los medios de comunicación para relatar la situación del expediente del aparcamiento céntrico que tiene entrada por la Rúa do Paseo y salida por Concordia, denunciado y bloqueado durante un día por un vehículo del portavoz de Democracia Ourensá, Gonzalo Pérez Jácome, por considerar que no tenía licencia.

Soto detalló las circunstancias del aparcamiento, abierto en 1983, y pidió "tranquilidad y facilidades" para los funcionarios que trabajan en la tramitación del expediente, que incluye licencia de ocupación para 230 vehículos pero no tiene concluida su licencia de apertura "tras 30 años de tramitación, lo cual puede considerarse un error o una omisión grave por parte del Ayuntamiento de Ourense".

En ese sentido, ha reprochado que nadie tocase en 30 años este expediente "y ahora, como otros, tengan que reabrirse de repente porque a todo el mundo le apetece hacerlo". En el caso de Aparcamientos Ourense, mientras se termina el trámite de la licencia de apertura se le cerrarán las cajas de cobro.

Soto entregó a los medios de comunicación un escrito que envió al alcalde para pedirle que dé orden a los abogados municipales de tomar medidas o presentar denuncia "para poner fin a la lamentable actitud del concejal Gonzalo Pérez Jácome, que supone un quebranto para la actuación de los funcionarios y de los representantes públicos que integran el Gobierno municipal".

En este sentido, Soto ha afirmado que a raíz de la denuncia pública de DO por el establecimiento de Aparcamientos Ourense, situado frente al local empresarial de Pérez Jácome, el portavoz de DO "amenaza" a los funcionarios para que informen o actúen "en el sentido que él decide", y que ella misma fue amenazada por él "en reiteradas ocasiones".

En su texto al regidor, Soto incorpora documentación de un pleno en el que Pérez Jácome se dirigió al alcalde para avisarle de que lo denunciará por prevaricación, y un parte de la Policía Local en el que se detalla la conversación entre el edil y el agente policial que acudió para retirar con la grúa municipal el vehículo colocado en la salida del aparcamiento privado.

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