Todos los grupos de la oposición han aprobado este jueves el dictamen definitivo de la Comisión del Parlamento vasco que investiga las ayudas concedidas a los proyectos Epsilon e Hiriko, en el que se apunta que cargos y dirigentes institucionales del PNV incurrieron en "responsabilidades políticas" por el perjuicio causado a los fondos públicos por las ayudas concedidas a los fallidos proyectos automovilísticos.

La Comisión ha aprobado el dictamen definitivo con el apoyo de todos los grupos de la oposición y el rechazo de la formación jeltzale. Este dictamen se llevará posteriormente a un pleno del Parlamento vasco.

Los grupos de la Cámara vasca han debatido, a puerta cerrada, sus aportaciones a la propuesta de dictamen —elaborado por el presidente de la Comisión, Carmelo Barrio (PP)— de la Comisión de investigación en la que se han analizado los cerca de 60 millones de euros de ayudas y avales públicos concedidos a los proyectos Epsilon e Hiriko, ambos fracasados. Sin embargo, ninguna de las aportaciones ha salido adelante por no contar con la mayoría suficiente por lo que se ha aprobado la propuesta inicial redactada por el parlamentario popular.

El borrador del dictamen ya apuntaba a la existencia de "irregularidades" en las ayudas públicas concedidas a Epsilon. Sin embargo, a pesar de apreciar de "responsabilidades" políticas en "las personas que formaban parte del Consejo de Promoción Económica que, en su sesión número 11, de 28 de septiembre de 2007" declararon a Epsilon como "proyecto estratégico", no citaba los nombres de los integrantes de este órgano, entre los que figuraban la exconsejera de Industria Ana Agirre, y la actual consejera de Competitividad, Arantza Tapia. Esta última no asistió a la citada sesión y delegó su representación en la primera.

EH Bildu y UPyD habían solicitado que se incluyeran nombres y apellidos de los responsables pero su propuesta no ha contado con el respaldo necesario para salir adelante ya que tanto PNV como PSE han votado en contra, postura la de los socialistas que ha sido reprochada por las formaciones proponentes.

El dictamen también considera que hay responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava que en marzo de 2009 expresaron su conformidad con las operaciones "de cesión de rango hipotecario".

Respecto a Hiriko —un proyecto también fallido que recibió unos 15 millones de euros de fondos públicos— , se indica que "la dirección de SPRI ha tenido una responsabilidad 'in vigilando'" debido a la inexistencia de "un deber de exigencia de auténticos y coherentes planes de viabilidad" y afirma que el Gobierno vasco "careció de visión estratégica, al no haber apreciado los riesgos" que implicaba la concesión de ayudas a este proyecto.