Medio centenar de personas se ha dado cita este jueves ante los juzgados de A Coruña en apoyo a tres participantes en las protestas convocadas por la Plataforma Stop Desahucios, juzgados por impedir el desalojo de una octogenaria en A Coruña en febrero de 2013. Al respecto, la defensa de uno de los acusados ha incidido en que los cargos "carecen de sentido".

Coincidiendo con la vista fijada para este jueves, representantes de la Plataforma se han concentrado a las puertas de la sede judicial. En la protesta también ha participado el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera y Xosé Manuel Carril, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña.

En declaraciones a los medios, Antonio Vázquez, abogado de una de las imputadas y también del caso de Aurelia Rey, la mujer cuyo desalojo se paralizó por la presión social y que dio origen a este proceso judicial, ha explicado que los imputados se podrían enfrentar a multas de entre 100 y 200 euros por una acusación que "no está concretada", ya que no se ha especificado el tipo de delito.

"Las citaciones hablan de delitos sin especificar. Lo único que sabemos es lo que consta en el atestado presentado por la policía, en el que se imputa de haber obstaculizado la calle y haber impedido el paso de vehículos policiales y de bomberos", ha explicado Vázquez, quien ha asegurado que las denuncias por obstaculizar el acceso policial "carecen de sentido" y son muestra de la "política de represión" del activismo.

"no tiene encaje"

Este letrado ha comentado que se podría hablar de un delito de desobediencia "si hubiera una instrucción concreta por parte de fuerza policial a una persona en el sentido de que actuase de un manera determinada", pero eso "no consta en el atestado", ha enfatizado.

"En el atestado no consta que se diese una orden a alguno de los denunciados, simplemente que obstaculizaban", ha subrayado Vázquez, para quien la denuncia "no tiene mucho encaje", porque había cerca de 200 personas participando en la protesta, con lo que "sería imposible" que los denunciados impidiesen el acceso.

Según ha comentado el letrado, los tres imputados, a diferencia del resto de las personas que participaron en la protesta para impedir el desalojo, solicitaron el número de placa a un policía que previamente les había pedido su número de DNI.

Denuncian "persecución"

La concentración celebrada ante la sede judicial se produjo sin incidentes, mientras que miembros de la Plataforma Stop Desahucios denunciaron que se está juzgando "por simplemente hacer efectivo un derecho" y defienden que se juntaron "para parar el desahucio de Aurelia Rey".

"No hacemos otra cosa que tratar de construir un derecho informalmente que formalmente nunca se cumplió, y simplemente se legisla injusticia y se imponen castigos contra aquellas personas que buscamos la justicia", ha sostenido el portavoz de la plataforma, Héctor Tejón, que denuncia la "criminalización" y "persecución policial".