El pleno del Senado, con los votos del PP, ha rechazado las cuatro propuestas de veto presentadas contra la reforma de la ley del Poder Judicial que permitirá el aforamiento del rey Juan Carlos I y parte de la familia real —la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa de Asturias—, para que sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo (TS). Se trata del último trámite para que la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. El aforamiento no implica la inviolabilidad del rey. Don Juan Carlos sí la mantendrá de los actos realizados durante sus 39 años de reinado.

El Grupo Popular, UPN y Foro han rechazado los cuatro vetos presentados por ERC, IU, del Grupo Mixto; por ICV, del Grupo de la Entesa; y por el PNV. En la votación se han abstenido CiU, el PSOE , Coalición Canaria, del Grupo mixto, y el PSC, del Grupo Entesa.

La reforma legal, que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia, fue debatida el pasado lunes en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta en la que el PP ya rechazó los vetos y las enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

Durante el debate en el Pleno, la mayoría de los grupos han recordado que el propio presidente del Congreso, Jesús Posada, calificó el trámite parlamentario del aforamiento de don Juan Carlos de "chapuza". Asimismo, han denunciado que el texto remitido de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta el pasado lunes con las enmiendas del PP incorporadas, "nada tiene que ver" con el texto original del proyecto de ley.

Con todo, los grupos de la oposición se han mostrado en contra del contenido final de la norma así como del procedimiento utilizado para aforar a parte de la familia real a través de una enmienda introducida el último día de plazo en una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estaba abierta pero con otros fines.

Asimismo, los senadores Ester Capella (ERC), Jesús Enrique Iglesias (IU), Jordi Guillot (ICV) y Jokin Bildarratz (PNV), han aprovechado sus intervenciones para lanzar duras críticas al PP y además, para denunciar el "excesivo número de aforados" que hay en España.  También han reprochado a los 'populares' "la falta de un debate" parlamentario ante la "elevada desacreditación institucional" que hay entre la ciudadanía "la corrupción y la falta de transparencia".

En respuesta a las críticas, la senadora 'popular' Silvia Franco ha defendido que este "aforamiento especial no es para sobreproteger" al monarca porque no implica "inviolabilidad ni impunidad". Según ha destacado, la familia real va a responder ante el Tribunal Supremo "con las mismas normas y leyes" con la que responden los ciudadanos.

"Estamos sujetos todos al mismo ordenamiento jurídico", ha subrayado, para después insistir en el "cauce legal" es "el adecuado" para afrontar esta reforma, que se hace por la vía de urgencia y "no con prisas". "A lo mejor hemos legislado 39 años tarde", ha alegado Manuel Guillermo Altava (PP) aceptando eso sí, que la reforma se ha acometido con rapidez. Asimismo, ha hecho hincapié en el "acto de generosidad" del rey, porque "va a comparecer ante el Tribunal Supremo" si se le denuncia o plantea una denuncia.