El Ayuntamiento de Piélagos y el Gobierno regional prevén legalizar 63 viviendas con sentencia de derribo a través de la concesión de autorizaciones provisionales, de las que 41 —20 en Entrelindes y 21 en la L05— ya se están tramitando por el Consistorio, y 22 en Cerrias, para las que se está "estudiando" esta opción.

Así, habría que demoler, por no encontrar encaje en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está tramitando, un total de 231 viviendas, 17 de las de Cerrias y las 214 del Alto del Cuco.

El inicio de la tramitación de las autorizaciones provisionales ha sido anunciado en rueda de prensa por el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el alcalde de Piélagos, Enrique Torre, quienes han explicado que estas autorizaciones se concederán una vez que se apruebe inicialmente el PGOU, según lo previsto, antes de que acabe el año.

Fernández se ha mostrado "convencido" de que las autorizaciones provisionales de Piélagos saldrán "adelante" y serán "aceptadas" por los tribunales y en ello tiene "todas las esperanzas puestas".

En cuanto a las 17 viviendas que se van a demoler de Cerrias, se va a ofrecer a los propietarios sustituirlas por otras de similares características y sin coste. Si no hay acuerdo en este sentido, el consejero ha señalado que se analizarán otro "de otra índole".

Sobre la demolición de las viviendas de El Cuco, ha anunciado que se prevé iniciarla a finales de 2014 o principios del año siguiente para acometer, ya en 2015, la regeneración del monte en el que se ubican.

Al hilo, ha anunciado que Fadesa, la constructora del Alto del Cuco, ha presentado un proyecto de demolición de las viviendas y regeneración del monte con un coste de 3,6 millones de euros, que los técnicos del Gobierno y del Ayuntamiento van a estudiar pero que, a priori, según Fernández, "va en línea" con lo que se quería.

Para afrontar el coste, el Gobierno regional prestará al Ayuntamiento el dinero y éste lo tendrá que devolver en un "plazo más o menos largo". Además, qué parte debe devolver el Consistorio dependerá del expediente de responsabilidad patrimonial abierto.