Más de un centenar de personas, según la organización, se ha concentrado este miércoles, a las puertas de la Delegación del Gobierno, para exigir al Estado que "se pare el intento de criminalización del derecho de huelga", ya que, advierten los sindicatos CCOO y UGT, "hay cerca de 300 sindicalistas en España procesados con peticiones de cárcel que llegan hasta los ocho años de prisión por participar en piquetes informativos en una estrategia que nunca habíamos visto desde que tenemos democracia en el país".

Así lo ha manifestado el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, quien advierte que "hay sectores interesados en criminalizar el derecho de huelga y cualquier protesta y en esa dirección apunta la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere poner en marcha el Gobierno".

Por ello, Bueno ha abogado por "garantizar el derecho a huelga sin verse sometidos a una persecución", ya que, incide, "la huelga no es delito, es un derecho fundamental de los trabajadores".

Tras recordar que se ha reclamado, desde las confederaciones, al ministro Alberto Ruiz-Gallardón que "se indulte a los condenados a tres años de prisión por participar en piquetes informativos", espera que se desarrolle.

Al mismo tiempo, ha reclamado que "se modifique la legislación para que participar en un piquete informativo sin mayores altercados no pueda suponer la imputación de delitos que actualmente se están desarrollando".

Por su parte, el secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, ha recordado que en Murcia "hay dos o tres imputados por delitos de coacciones, como consecuencia de haber participado en piquetes informativos en la huelga general".

Igualmente, ha manifestado que en solidaridad con compañeros que han recibido un tratamiento penal "desequilibrado" por defender los derechos de los trabajadores en una serie de conflictos que se han planteado fruto de una legislación que ha sido "agresiva", se denuncia la "criminalización" en este sentido.

Y es que, ha expuesto, "el tratamiento a la justicia penal con estos asuntos es demasiado riguroso, porque a los empleados encausados no se les imputa directamente la comisión de ningún hecho delictivo y no ha habido coacción con violencia en sentido propio".